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Un cartel del posconflicto denunció el Fiscal General

Se estarían pagando coimas para direccionar los contratos programados para la reinserción de la Farc a la sociedad. Santos tomará decisiones.

  • En las zonas veredales siguen esperando los proyectos productivos. En la fotografía, la de Carrizal, ubicada en Remedios, Antioquia. FOTO juan antonio sánchez
    En las zonas veredales siguen esperando los proyectos productivos. En la fotografía, la de Carrizal, ubicada en Remedios, Antioquia. FOTO juan antonio sánchez
  • Un cartel del posconflicto denunció el Fiscal General
06 de abril de 2018
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En una explosiva carta, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le advirtió al Presidente Juan Manuel Santos que los recursos de los proyectos para el posconflicto estarían siendo devorados por una red de corrupción.

Martínez le advirtió a Santos que se detectó una red de intermediarios interesada en adjudicar estos proyectos a empresarios, a cambio de un porcentaje (o coima) del valor de los contratos.

Esta actuación no difiere mucho de la utilizada en distintos casos de corrupción que ha revelado la Fiscalía, en la que existen lobistas e intereses privados difíciles de controlar por los entes del Estado. En ese sentido, recalcó que estos intermediarios tendrían acceso a “información privilegiada” de los proyectos en trámite y estarían ofreciendo coimas a funcionarios encargados de la gestión de recursos.

El tema no se queda ahí. También se informó que las firmas de interventoría, que están encargadas de verificar el cumplimiento de los contratos, estarían sujetas a esta red de corrupción.

Este escándalo sobre los recursos del posconflicto está lejos de conocer su real dimensión, pues el ente acusador sostuvo que no existe información pública sobre lo que se está haciendo con este dinero, lo que ha dificultado su investigación.

Sin embargo, lograron detectar las irregularidades especialmente en los proyectos de agricultura, infraestructura, avicultura y piscicultura, dirigidos a la población saliente del conflicto armado.

Por ello, pidió al Gobierno la intervención en los procesos de contratación relacionados con proyectos productivos del posconflicto para garantizar contratación objetiva, que permita la reinserción de miembros Farc a la actividad productiva lícita.

“Desde el año pasado se adelantan indagaciones sobre los manejos de los recursos y hay una red de intermediarios quienes estarían pagando comisiones a los funcionarios para acceder las adjudicaciones de los proyectos”, afirmó.

Esta alerta se da solo días después de que se conociera una carta en la que los embajadores de Suecia, Suiza y Noruega expresan su preocupación por la forma como se están ejecutando los 200 millones de dólares que donaron sus países para el Fondo Colombia Sostenible.

Frente a estos hechos, ayer, el presidente Santos agradeció a la Fiscalía las investigaciones y anunció que actuará con “contundencia y diligencia. Habrá decisiones pronto”.

Por su parte, la Cancillería advirtió que las comunicaciones enviadas por los embajadores “no se pueden interpretar como señalamientos de corrupción en el manejo de los recursos de este fondo de cooperación. Los comentarios hacen referencia a procedimientos, operatividad, funcionamiento y cumplimiento del reglamento del fondo”.

Señala además que, sin embargo, están revisando estos temas y mantiene su interlocución con los donantes para resolver sus inquietudes.

Una alcancía llena

Para este año, el Gobierno dio a conocer que se incrementará en un 31,5 % los recursos que se van a destinar para atender los requerimientos del posconflicto. En dinero contante y sonante, son 2,4 billones de pesos los que están disponibles para ejecutar todos los programas pactados en el Acuerdo de paz.

Aparte, vale anotar que el costo estimado del posconflicto está sobre los 128,5 billones de pesos, repartidos por los próximos 15 años.

Esta cifra se destinará de la siguiente forma: 110 billones de pesos en la reforma rural integral, 4,3 billones en la participación en política, 1,9 billones en el fin del conflicto, 8,3 billones en combatir el problema de las drogas ilícitas y 4,3 billones en atención a las víctimas .

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