El miércoles se realizó una reunión del Puesto de Mando Unificado (PMU), creado para atender lo relacionado al covid-19. En la Casa de Nariño estuvieron el presidente Iván Duque y algunos de sus funcionarios, como la ministra de Interior, Alicia Arango, y el director del Departamento Administrativo de Presidencia, Diego Molano.
Pero al encuentro también asistió personal de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (Ungrd) y alcaldes y gobernadores de todo el país. Sin embargo, ninguno de estos estuvo en la Casa de Nariño.
Esto, porque el encuentro del PMU tuvo una particularidad: fue virtual. Se hizo con la intención de discutir sobre los toques de queda que habían sido decretados por varios mandatarios locales.
Desde el 6 de marzo, cuando se detectó el primer caso del coronavirus en el país, el Estado se ha visto en la necesidad de seguir funcionando, a pesar de las circunstancias que han llevado a que se promueva el aislamiento preventivo. Por eso, en el decreto 417 del 17 de marzo, con el que se declaró el estado de emergencia, se determinó que era “necesario expedir normas que flexibilicen la atención personalizada al usuario”, promoviendo el uso de medios tecnológicos para atender a las personas.
Sin embargo, trasladar el funcionamiento del Estado al mundo virtual no es tarea fácil. “El reto más grande en este proceso es lograr que los ciudadanos y los funcionarios entiendan que la virtualidad es válida y que la actividad presencial no es fundamental. Algunas entidades sí han avanzado en servicios digitales, pero otras no”, le dice Diego Molano a EL COLOMBIANO.
En la Casa de Nariño, cuenta Molano, se tomó una determinación: que todo el que pudiera trabajar desde su casa, lo hiciera. Con una directiva firmada por él, se determinó que el teletrabajo fuera una opción, siempre y cuando las obligaciones lo permitieran.
Otras entidades, sin embargo, han encontrado más dificultades. “La emergencia sanitaria por causa del coronavirus constituye un hecho de fuerza mayor, exterior, irresistible e imprevisible, por lo cual es deber de la administración adoptar las medidas transitorias que garanticen la seguridad de la salud de los servidores”, afirmó el contralor general, Felipe Córdoba, tras anunciar que no se suspendía la atención al público.
El Congreso, que vio frenado el inicio de sus sesiones ordinarias a principios de esta semana, también está trabajando en esa misma dirección. Con un proyecto de decreto que le enviaron al presidente, representantes de los partidos Centro Democrático, Cambio Radical, Alianza Verde, Liberal, Conservador, La U, Farc, Polo Democrático y de la Lista de los Decentes pidieron que puedan sesionar de manera virtual.
“Es necesario buscar alternativas para el funcionamiento del Congreso, tanto para tramitar proyectos de ley, como para ejercer control político. Esperamos que atienda nuestro llamado y disponga las medidas necesarias para que el Congreso pueda desempeñar sus funciones”, le escribieron los congresistas al presidente.
El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín José Fernando Botero Bernal es enfático al decir que el estado de emergencia ha llevado a que las entidades –locales, departamentales y centrales– se adecuen para superar la crisis.
“El trabajo en casa, el adecuamiento de medios informáticos y la gestión virtual son medidas legales tomadas para evitar un contagio masivo”, indica.
Molano considera que estos, que ahora son un desafío, cuando pase la emergencia generada por el covid-19, dejarán un aprendizaje en cómo funciona la maquinaria del Estado: “estas circunstancias fortalece nuevos mecanismos de democracia. Esta emergencia es una oportunidad para potenciar un país más virtual”, concluye.
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