Colombia Fintech, el gremio que agrupa a las principales empresas del ecosistema financiero digital del país, expresó su profunda preocupación por el futuro de Bre-B y la adopción de los pagos digitales, tras el anuncio del proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda que busca aplicar una retención en la fuente del 1,5% a las transacciones electrónicas.
La medida, que se firmaría el próximo viernes, modificaría los artículos 1.3.2.1.2., 1.3.2.1.7. y 1.3.2.1.8. del Decreto 1625 de 2016, con el objetivo —según el Gobierno— de “nivelar la cancha” entre los pagos con tarjetas de crédito y débito, que hoy sí tienen retención, y los pagos digitales, que hasta ahora estaban exentos.
En la práctica, la medida haría que cada pago digital —hecho con Bre-B, Nequi, Daviplata o un código QR— tenga un descuento automático del 1,5%, afectando directamente a pequeños comercios, profesionales independientes y emprendedores que encontraron en estos sistemas una forma de vender sin costos ni intermediarios.
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“En vez de eliminar desincentivos, el Gobierno los multiplica”: alerta de Colombia Fintech
Colombia Fintech considera que el marco regulatorio actual está desactualizado y desconoce la transformación del sistema de pagos.
En la actualidad, ya existe una retención del 1,5% sobre los pagos con tarjeta débito o crédito, lo que ha generado desincentivos entre pequeños comercios para aceptar medios electrónicos.
“En lugar de extender este tratamiento a todos los pagos digitales, lo que debería hacerse es eliminarlo para el mayor número posible de contribuyentes”, señala el gremio en un comunicado.
El gremio advierte que el país está en un momento decisivo para avanzar hacia la formalización y la inclusión financiera.
En ese sentido, insiste en que no se puede seguir premiando el uso del efectivo y castigando la digitalización, justo cuando Bre-B —la plataforma del Banco de la República— apenas empieza a operar.
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Bre-B: el sistema público de pagos digitales que busca cambiar la economía del efectivo
Bre-B nació con una promesa: permitir pagos y transferencias inmediatas, gratuitas e interoperables, disponibles las 24 horas del día y los 7 días de la semana.
Su objetivo principal es reducir el uso del efectivo, que aún representa el 80% de las transacciones en el país. Desde 2002, el dinero físico sigue siendo el medio de pago preferido, sobre todo entre los hogares de menores ingresos, lo que limita el ahorro, aumenta la informalidad y excluye a millones de personas del sistema financiero formal, describe el gremio.
Bre-B se pensó como una herramienta para impulsar la formalidad, aumentar la competencia bancaria y abaratar las transacciones. Pero con la nueva retención, advierte Colombia Fintech, “los mensajes de fiscalización y nuevos costos pueden convertirse en un desincentivo para su adopción”.
“Colombia no puede seguir gravando la innovación como si fuera un lujo”, dice el comunicado de Colombia Fintech. El gremio considera que el país debe aprovechar esta coyuntura para actualizar su marco regulatorio, eliminar los desincentivos a la formalización y generar verdaderos incentivos para el uso de medios digitales.
Los pagos digitales, junto con Bre-B, representan la puerta de entrada a una economía más moderna, competitiva y formal.
Pero si se aprueba el decreto tal como está redactado, advierten los expertos, el país podría retroceder en su avance hacia la inclusión financiera, justo cuando más necesita confianza en la economía digital.
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El Ministerio de Hacienda argumenta que busca “igualar el tratamiento tributario” entre tarjetas y billeteras digitales. ¿No cree que aplicar la misma retención a sistemas tan distintos —uno bancario tradicional y otro de inclusión digital— puede frenar el crecimiento de la interoperabilidad que el propio Estado venía impulsando con Bre-B?
“Por supuesto va en contra de la interoperabilidad. Bre-B se creó con el propósito de eliminar las fricciones en la transacciones digitales: permitir que los colombianos pudieran enviar dinero de forma inmediata, sin que eso les costara alrededor del 7.000 por transacción, y sin importar la entidad financiera donde tuvieran su cuenta. Eliminar estas fricciones es la apuesta de la interoperabilidad.
Las retenciones acaban con esto. El proyecto de decreto crearía una nueva desigualdad: las transferencias entre cuentas de una misma entidad no estarían sujetas a esta retención. Estamos castigando la competencia y la interoperabilidad.
La realidad es que el medio de pago que no está sujeto a ningún tipo de retención es el efectivo y eso es justamente lo que explica que el medio de pago preferido sea el efectivo. De acuerdo con datos del Banco de la República cerca del 80% de las transacciones habituales de los colombianos se realizan con efectivo, frente a un solo 14% con transferencias electrónicas y 6% con tarjetas débito o crédito”.
Bre-B y otras billeteras fueron diseñadas para reducir los costos de entrada al sistema financiero, sobre todo para los micronegocios. ¿Qué impacto real prevé sobre ese segmento si se introduce una retención que vuelve más caro usar medios digitales que el efectivo?
“Los efectos van a ser muy negativos para los micronegocios o comercios de menor tamaño. En los últimos años, la industria fintech ha hecho un esfuerzo enorme para acercar a la base de la pirámide a los pagos digitales y a la formalidad. Poner más cargas, los acerca al efectivo y la informalidad.
Para un micronegocio una retención es un golpe directo a su flujo de caja. Significa que por cada pago que reciben por Bre-B ya no reciben la totalidad del pago, sino una proporción menor: el 1,5% de retención al que estaría sujeta esa transacción”.
¿Qué hacen entonces los comercios?
“No recibir pagos con Bre-B, o cobrar un valor adicional por aceptar pagos con Bre-B. Esto lo que hace es generar más incentivos para usar efectivo.
La experiencia internacional nos demuestra que un anuncio sobre la fiscalización de sistemas de pagos inmediatos afecta profundamente su adopción. En Brasil un mero anuncio de la intención de la autoridad tributaria de fiscalizar Pix, generó una disminución del 15,3% de las transacciones durante dos semanas.
Poner en marcha este proyecto eliminaría los incentivos para recibir pagos digitales, afectando el flujo de caja de estos micronegocios. Una retención implica que reciben menos dinero por un pago, lo que muchas veces puede significar que exista un valor mínimo para recibir un pago por Bre-B, no aceptar pagos con Bre-B o generar un costo adicional que les permita solventar el impacto de la retención del 1,5%. Muchos comerciantes, incluso, no saben cómo deberían cobrar por la aceptación de un pago digital para que la venta sea rentable.
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Mientras el Gobierno promueve la digitalización de pagos y la reducción del efectivo, ¿no resulta contradictorio que el mismo Estado imponga un impuesto que desincentiva esas operaciones? ¿Estamos frente a un retroceso en la política de inclusión financiera?
“Resulta contradictorio y sin duda afectará la digitalización. Es una derrota y un retroceso sin precedentes para la inclusión financiera. A pesar de que existen exenciones a las retenciones para personas naturales no responsables de IVA, el mensaje es el mismo: es un castigo a la formalidad. El efectivo no tiene impuestos y por eso sigue siendo el rey.
El Gobierno Nacional tiene en sus manos el futuro de la inclusión financiera y también de la competencia del sistema financiero. El Ministerio de Hacienda debe aprovechar este debate para eliminar las retenciones a los pagos digitales. Tenemos que avanzar en una política decidida para eliminar cualquier tipo de desincentivo para la aceptación de pagos electrónicos, incluidos, los pagos con tarjetas de crédito y débito”.
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