Cada nueva imputación sigue destapando las capas de la red de corrupción que se habría enquistado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La Fiscalía comenzó a trazar con mayor claridad el entramado de sobornos, contratos direccionados y beneficios ilegales que habrían permitido el desvío de miles de millones de pesos del presupuesto público.
Este miércoles, el turno fue para César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública durante el Gobierno de Gustavo Petro, a quien la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
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Según el ente acusador, Manrique no fue un actor marginal, sino presuntamente uno de los líderes de la organización delictiva conformada para saquear los recursos públicos.
“Entre enero y marzo de 2024, usted obtuvo un provecho ilícito de 3.000 millones de pesos, producto de las coimas solicitadas y derivadas del contrato celebrado por la UNGRD con la Corporación Yapurutú, cuyo objeto consistió en adquirir 40 carrotanques pequeños”, informó la fiscal del caso, Maria Cristina Patiño.
El contrato con la corporación mencionada es uno de los ejes de la investigación y habría sido utilizado, según la Fiscalía, para encubrir pagos ilícitos a través de una red de intermediarios, entre los que figura Édgar Eduardo Riveros Rey, abogado y empresario que también fue imputado durante la diligencia. Riveros habría servido como puente clave entre los intereses privados y los funcionarios que manipulaban los procesos contractuales desde adentro.