Según denuncias, la fiscal General Luz Adriana Camargo estaría aplicando una estrategia de dilación que ha entorpecido las negociaciones con testigos clave, como la exconsejera Sandra Ortiz.
En el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el que no se agacha termina con el dardo en la frente. Es una trama tan enredada que no solo arrastra a quienes participaron directamente, sino también a otros actores que están siendo llamados a rendir cuentas, no por lo que hicieron, sino, al parecer, por lo que no estarían haciendo.
Es el caso de la fiscal General, Luz Adriana Camargo, quien, según denuncias, estaría aplicando la táctica de la tortuga en la investigación. Más grave aún: estaría entorpeciendo las negociaciones con algunos de los implicados, como la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz.
Los cuestionamientos vienen de la Red de Veedurías de Colombia y de otros afectados por el entramado de desvíos millonarios, quienes le pidieron a la Corte Suprema de Justicia que la funcionaria certifique por escrito que no fue ella quien negó el principio de oportunidad a la exconsejera del Gobierno de Gustavo Petro.
“La actitud de la fiscal General, al no aceptar el principio de oportunidad de la señora Sandra Ortiz, junto al hecho de que fue inactiva para impulsar procesalmente el caso contra Carlos Ramón González; que su elección como fiscal General está cuestionada, al haber sido ternada por el presidente de la República, quien ahora la defiende ante la posibilidad de que el Consejo de Estado declare la nulidad de su elección; y la protección del presidente hacia Vladimir Fernández, persona de quien también tiene información la señora Sandra Ortiz, demuestran el interés de la señora fiscal para no aprobar el principio de oportunidad y su intención de ocultar la verdad”, se lee en la carta enviada a la Corte Suprema por Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías.
Le puede interesar: Fiscalía negó principio de oportunidad a Sandra Ortiz por caso UNGRD: “Es errática y no confiable”
La solicitud, que podría parecer un detalle técnico, es en realidad un dardo directo a la transparencia del proceso y a la autonomía con la que Camargo ha dicho estar conduciendo el caso.
Las organizaciones aseguran tener evidencia de que, aunque la fiscal niega haber tomado esa decisión, sí participó de manera activa en el rechazo de la solicitud de Ortiz, lo que habría contribuido a trabar avances clave en las negociaciones judiciales con varios de los implicados.
“Me consta que la misma fiscal 9ª delegada ante la Corte Suprema de Justicia decía que debía consultar primero con la fiscal General de la Nación para saber si se aprobaba o no el principio de oportunidad. Entonces, si así pasó en los otros principios de oportunidad, muy seguramente así sucedió con el caso de Sandra Ortiz”, escribió Pablo Bustos en la misiva.
A diferencia de otros casos de alto perfil, en los que la Fiscalía se ha mostrado ágil para cerrar principios de oportunidad y acuerdos con delatores, en el caso UNGRD los tiempos se han dilatado, lo que ha generado suspicacias entre quienes esperan respuestas rápidas frente a uno de los escándalos de corrupción más graves de los últimos años.
Las trabas en la negociación con Sandra Ortiz —quien podría aportar información nueva a la investigación sobre otros posibles implicados— han sido objeto de debates y cuestionamientos. De hecho, las víctimas rechazaron que no hubieran sido informadas durante la etapa en la que la negociación con Ortiz se venía abajo, sino únicamente cuando ya se había hundido.
“La Fiscalía 9ª delegada se limitó a informarnos, pero no a consultarnos, ya como hecho cumplido y consumado, de las razones por las cuales se abstuvo de otorgar el principio de oportunidad a la misma, aduciendo fundamentalmente que ella y su defensa no habían aportado información nueva ni matriz de colaboración alguna, y que estos exigían un principio de oportunidad total”, alegó la Red de Veedurías.
Para muchos, el ritmo pausado que ha impuesto la actual administración de la Fiscalía podría terminar favoreciendo la impunidad de altos funcionarios y congresistas señalados de recibir sobornos y participar en redes de contratos amañados.
La petición de certificación no solo busca dejar constancia formal de las decisiones que ha tomado —o dejado de tomar— la fiscal General, sino también sentar una alerta sobre posibles inconsistencias en el manejo del proceso. “No se trata de proteger a los culpables, sino de garantizar que quienes están dispuestos a colaborar con la justicia puedan hacerlo sin obstáculos políticos o personales”, señala la carta.
Analistas advierten que la Fiscalía estaría buscando retrasar el avance en la investigación, así como las negociaciones, toda vez que podrían conducir a tocar “el manto” de funcionarios cercanos al presidente Gustavo Petro. Es el caso de Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE. Aunque ya fue imputado por los delitos de peculado por apropiación, cohecho y lavado de activos, su judicialización ha estado marcada por la lentitud. El nombre del exalto funcionario apareció hace más de un año, cuando estalló el escándalo y otros implicados decidieron colaborar. Pese a ello, solo varios meses después fue vinculado formalmente.
En la matriz de negociación que le fue rechazada por la Fiscalía, Sandra Ortiz, al parecer, estaba decidida a aportar información clave sobre el papel de González en el entramado corrupto. Otros testigos, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, lo ubican como el supuesto líder de la empresa criminal que saqueó sin pudor los recursos de la Nación.
Lea también: Corrupción en la UNGRD: Carlos Ramón González, fundador de la Alianza Verde, renunció al partido
Además de los cuestionamientos por su supuesta falta de imparcialidad, la misma Red de Veedurías había pedido a la funcionaria que se declarara impedida para intervenir en el caso. La solicitud buscaba apartarla del proceso bajo argumentos de posible sesgo político y vínculos con miembros del Gobierno.
“La vinculación procesal de personas que guardan relación directa o indirecta con personas cercanas e integrantes del Gobierno, que efectuó la imputada Sandra Ortiz en su calidad de exconsejera presidencial, denota especial relevancia en su cuestionada postulación a título de ternada para su elección como fiscal general”, se lee en el documento de recusación.
Sin embargo, la petición fue rechazada de tajo. A través de una resolución de siete páginas, Camargo dejó claro que no tiene participación directa en la investigación y que los fiscales encargados del caso actúan con plena autonomía e independencia, conforme al principio de separación funcional que rige a la entidad.
“Desde el mismo momento de mi posesión como fiscal se ha reiterado que las decisiones investigativas y procesales son tomadas autónomamente por cada uno de los fiscales, quienes actúan como titulares de la acción penal pública”, afirmó Camargo en el documento.
Así como a Sandra Ortiz —quien ya fue imputada y enviada a prisión por el caso de la UNGRD—, a Olmedo López, exdirector de la entidad, un juez le tumbó el preacuerdo al que había llegado con la Fiscalía. Allí se establecía una reducción en la pena a cambio de revelar más información. Lo que llamó la atención fue que, una vez el juez decidió rechazar la negociación, la Fiscalía se abstuvo de presentar el recurso de apelación, contrario al abogado de López, José Luis Moreno, quien sí decidió apelar y llevar la discusión hasta el Tribunal Superior de Bogotá.
Para saber más: La guerra que se desató en Urrá tras la captura de Andrés Calle: movimientos en la junta y denuncias por miles de millones de pesos
