Durante la audiencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, en la que González apareció acompañado de su abogado, Iván Cancino, la Fiscalía le imputó al exdirector del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia) y de la DNI (Dirección Nacional de Inteligencia) los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros.
Frente al primer delito, según la Fiscalía, el entonces director del Dapre le habría pedido a quien fuera el director de la UNGRD, Olmedo López, entregar a los presidentes del Congreso, Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara de Representantes), contratos de la Unidad por $60.000 millones para el primero y de $10.000 millones para el segundo. Lo anterior, a cambio de “un apoyo en los proyectos de ley del Gobierno que cursaban en el órgano legislativo”.
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Sin embargo, debido a la “premura con la que los congresistas pedían los recursos”, González supuestamente solicitó a Olmedo López “variar la oferta” a Name, ofreciendo una suma en efectivo de $3.000 millones y a Calle de $1.000 millones, a través de dineros provenientes de la contratación en UNGRD.
De acuerdo con el ente investigador, el 25 de septiembre de 2023, durante un desayuno organizado por Sandra Ortiz –entonces consejera presidencial para las Regiones–, se pactó entregarle los $3.000 millones a Name. Por otro lado, es mismo día, a través de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, se le entregaron los $1.000 millones a Calle.
Frente al delito de peculado por apropiación en favor de terceros, la Fiscalía detalló que el 21 de septiembre de 2023, durante un encuentro en Palacio, quien fuera el cofundador del partido Alianza Verde “le ordenó ilícitamente” a Olmedo López entregar los $4.000 millones en coimas. Para ello, se determinó que los recursos provendrían de un contrato para carrotanques para La Guajira.
El dinero se direccionó, sostuvo la Fiscalía, a traves del empresario Luis Eduardo López Rocero, con quien se habría pactado una coima del 14 % del valor total del contrato.
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Finalmente, ante el delito de lavado de activos, el ente acusador determinó que el 21 de septiembre de 2023, durante un almuerzo entre González, Name y Ortiz, acordaron la entrega de los recursos. “Sandra Liliana Ortiz transportó en dos oportunidades sumas equivalentes a $1.500 millones en efectivo, dineros recibidos en el apartamento de esta de parte de funcionarios de la UNGRD”.
Luego, el 12 de octubre de 2023, Ortiz recibió de Olmedo López y Sneyder Pinilla una maleta con $1.500 millones, “dinero que fue transportado por Ortiz hasta el apartamento de propiedad de Name”. Un día después, Pinilla le entregó a Ortiz en Residencias Tequendama otros $1.500 millones en dos maletas.
Meses después, el 17 de enero de 2024, el entonces director del Dapre lideró una reunión en su vivienda en Bogotá con López, Pinilla y Ortiz, en la que Olmedo dijo que, tras haber cumplido con los trámites para la coima, necesitaba que González “lo apoyara para regresar al cargo de director de la UNGRD”.
Para la Fiscalía, el también exdirector de la DNI “actuó con dolo en la medida en que conocía que los hechos (...) y sabía que se ofrecían contratos y luego dineros a Name y Calle para apoyar los intereses del Gobierno en el Legislativo. Además, determinaba al entonces director de la UNGRD al ordenarle la entrega de las coimas. Y sabía que al ordenarle a la consejera presidencial recibir de los funcionarios de la UNGRD los $3.000 millones y entregarlos a Name, la estaba determinando para adelantar las acciones referidas”.
Para el organismo, González actuó “de manera libre, conciente y voluntaria, y sin coacción alguna”. Además, la Fiscalía subrayó que tenía amplia experiencia en el sector público, su trayectoria en la arena política y su experiencia como abogado. Inclusive, que era considerado la mano derecha del presidente Petro. “Usted quiso prevalecer los intereses económicos particulares y personales sobre el interés general”, dijo el fiscal del caso.
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Ante los hechos, González no aceptó cargos y aseguró que se trata de “calumnias sin fundamento”.
Si bien se tenía previsto que este mismo miércoles se definiera si González sería cobijado con medida de aseguramiento, el juez decidió posponer la diligencia hasta el próximo 6 de junio, a partir de las 9:00 de la mañana, debido a una calamidad familiar con uno de los compañeros del tribunal.
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