El abogado Víctor Mosquera radicó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de impugnación que busca ‘tumbar’ las condenas dictadas en contra de varios exfuncionarios del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En el mismo solicita la libertad de los procesados.
Específicamente, se impugnó la sentencia de 17 años, cinco meses y ocho días de prisión al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS) y la comisión de los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Igualmente, el recurso va dirigido en contra de las condenas impartidas a Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio a seis años y seis meses de prisión, así como la impuesta a Alberto Velásquez por cinco años por la denominada ‘Yidispolítica’.
Estos exfuncionarios fueron condenados por el delito de cohecho, por ofrecer y entregar dádivas a parlamentarios como Yidis Medina y Teodolindo Avendaño para que apoyaran la reforma constitucional que permitió la reelección del expresidente Uribe Vélez.
Mosquera también impugnó la condena de 14 años de prisión proferida en contra de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, por su responsabilidad en las ‘chuzadas’ a magistrados, opositores y periodistas.
Hurtado fue condenada por los delitos de abuso de autoridad en la función pública, falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación y violación ilícita de comunicaciones.
La posibilidad de que exministros, Gobernadores, congresistas y Generales condenados por la Corte Suprema de Justicia impugnen sus sentencias se abrió desde el pasado lunes cuando entró en vigencia un fallo de la Corte Constitucional que señala que toda sentencia condenatoria impartida por primera vez debe poder ser impugnada.
La sentencia dio un plazo de un año al Congreso para que legislara sobre la segunda instancia de los aforados, que actualmente en la Corte solo tienen una instancia, sin que lo hiciera. Por eso, ahora todos los condenados podrán impugnar sus condenas.
Esta situación tiene preocupada a la Corte Suprema de Justicia que estima que no tiene la facultad de crear otra Sala para tratar estos recursos y por eso discutirá el asunto en Sala Plena este jueves.