Una tutela fallada por el Tribunal Superior de Tunja le ordena a la Fiscalía General de la Nación cancelar inmediatamente, y sin descuento alguno, el salario a la accionante Lyda Marina Dueñas Gómez, quien labora en esa entidad y participa activamente del paro judicial que ya ajusta 55 días.
En el fallo, el magistrado decidió proteger los derechos fundamentales al mínimo vital, trabajo en condiciones de dignidad y justicia, derecho a la huelga, igualdad, debido proceso y protección reforzada como madre cabeza de familia
La decisión podría servir para que los demás funcionarios acudan al mecanismo de la tutela y aleguen la existencia de un pronunciamiento judicial en ese sentido, para así hacerle el quite a la advertencia hecha por el Gobierno Nacional de que no pagaría sus salarios completos a aquellos funcionarios que persistieran en el paro.
La tutela, que dicho sea de paso, fue resuelta con una inusitada rapidez y diligencia, teniendo en cuenta que los funcionarios aún se encuentran en paro, coincidió con una petición relacionada con los pagos de nómina hecha por el contralor General de la República Edgardo Maya Villazón dirigida al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, y a la directora de la Administración Judicial, Celinea Orostegui de Jiménez.
En dicha petición, el Contralor expresó su preocupación por el hecho de que en los meses de octubre y noviembre se haya procedido al pago de los salarios a todos los funcionarios tanto de la Fiscalía como de la rama judicial sin efectuar previamente una verificación sobre si estos cumplieron o no plenamente con sus obligaciones laborales.
“Resulta improcedente reconocer y pagar salarios por servicios no prestados efectivamente a la entidad, pues ello implicaría permitir un enriquecimiento sin causa a favor del servidor, en detrimento del patrimonio público”, indicó Maya Villazón en la carta.
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