Colombia registra, desde el año 1991, un total de 11.458 víctimas por mina antipersonal o munición sin explotar; de ese total, 4.433 son civiles mientras que 7.025 son integrantes de la Fuerza Pública.
Luis Eduardo Cuartas Amaya fue soldado profesional, perteneció a la Fuerza de Tarea Nudo de Paramillo y su historia, literalmente, se partió en dos el 25 de julio de 2013. Desde ese momento hizo parte de los 5.593 integrantes de la Fuerza Pública que han resultado heridos por ese tipo de explosivos.
“Era mi trabajo, el destino lo quiso así. Ese día estábamos en una zona conocida como el Cañón de la Iglesia, en Tarazá, en una actividad de registro y control del área, y cuando estábamos cruzando un cerro activé la mina, perdí mis dos piernas de las rodillas para abajo. A partir de eso toda mi vida cambió, hasta ahí mi proyecto de vida”, recuerda Luis Eduardo, quien ya no pertenece al Ejército, pero sigue esperando su pensión.
Carmen Julia Gallego López es habitante del municipio de Cocorná, Oriente de Antioquia y hace parte de los 3.600 civiles heridos por las minas antipersonal o munición sin explotar en el país. El 22 de diciembre de 2002 su vida dio un giro de 180 grados. Ese domingo salió con su esposo y una de sus hijas para el pueblo. El recorrido tuvieron que hacerlo a pie porque el carro que servía como chiva veredal estaba varado. El viaje fue sin problemas, sin embargo el regreso a su casa se quedó a mitad del camino.
“Ya se estaba haciendo tarde, decidimos regresar, y tocó otra vez caminando porque nada que arreglaban el carro y el otro que había no lo dejaron salir. Cuando íbamos en la mitad del camino se sintió la explosión, yo volé a una cuneta, la niña también. Al rato logré levantarme, mi hija se movía pero mi esposo no, salí a buscar ayuda y en la primera casa que encontré grité auxilio y una señora me preguntó que si yo era quien había activado la quiebrapata. Logré que me acompañaran donde estaban mi hija y mi esposo, pero lo único que logramos fue meternos en otra casa, no pudimos llevarlos al pueblo. Él murió ahí sin poder recibir ayuda, mi hija y yo aún tenemos muchos problemas”, narra Carmen.
Carmen Julia Gallego y Luis Eduardo Cuartas tienen en común que son víctimas de las minas antipersonal. La recuperación y atención de ambos no fue ni siquiera parecida pues civiles y militares tienen caminos diferentes.
La fundación Prolongar y el Centro de Memoria Histórica adelantan un informe sobre las vivencias e historias de las víctimas de minas antipersonal y munición sin explotar en las regiones más afectadas por este flagelo en el país, y sus investigadores coinciden en que los integrantes de la Fuerza Publica tienen una recuperación diferente a los civiles. No solo por ser el 60 % del total de las víctimas, también porque para militares y policías hay una estructura más solida para llevar el proceso de recuperación.
“Decidimos hacer este episodio, recordando que Colombia es el segundo país con mayor número de víctimas de minas antipersonal después de Afganistán. Ya estuvimos en las ocho regiones del país más afectadas (Antioquia, Meta, Cauca, Arauca, Putumayo, Nariño, Bolívar, Norte de Santander) recogiendo testimonios de las víctimas civiles, pero es la primera vez que también se recogen las voces de las víctimas de la Fuerza Pública. Realizamos cinco talleres con el Ejército, dos con la Policía y dos con la Armada”, explica María Elisa Pinto coordinadora nacional del informe.
Sobre la atención, la investigadora afirma que “Se entiende, el 60 % de las víctimas son de la Fuerza Pública, y efectivamente tienen ya una infraestructura montada. Se sabe más cómo es el proceso de rehabilitación, las prótesis que sí funcionan y las que no, los materiales, la atención psicosocial es muy completa, y además se vive en colectivo. Es decir los soldados no atraviesan esto solos, casi siempre están acompañados de compañeros que han sufrido afectaciones similares o peores y eso los llena de moral para recuperarse”.
En contraste, agrega, las víctimas civiles y sus familiares viven esto en completa y absoluta soledad, con una estructura estatal mínima. “Más del 98 % de las afectaciones por minas ocurren en las zonas rurales, en las áreas más apartadas del país, entonces desde el momento del rescate, hasta el de la atención prehospitalaria, rehabilitación, etc, cuentan con un Estado que es muy precario, con un sistema de salud obsoleto y unos funcionarios que no reconocen las victimizaciones”, añade.
Gabriel Ruiz, quien también hace parte del equipo de investigación, coincide con lo expuesto por su compañera y agrega que Antioquia está entre los departamentos que están más organizados para la atención de víctimas en su recuperación física y sicológica.
“Antioquia está un poco más adelantado. En Nariño, hay mucha comunidad indígena afectada y es evidente que no tienen nada. El evento trágico pudo haber pasado hace 4 o 5 años y ni siquiera tienen un registro que certifique que eso les sucedió. Antioquia está más organizado, hay una labor alta de registro, de hecho esta puede ser una respuesta al por qué se tiene un número tan alto de víctimas, y es porque hay buen registro a las personas afectadas”.
Sobre la atención a las víctimas civiles, los investigadores están de acuerdo en que la intervención de diferentes instituciones no oficiales ha sido determinante para la atención de estas personas, mientras que también observaron que en diferentes casos de los afectados en las Fuerzas Armadas, el acompañamiento no se le hizo también a las familias de los uniformados afectados.
Según lo señala la Dirección Contra Minas Antipersonal, la ruta que tiene designada el Gobierno para las víctimas de este flagelo ofrece un acompañamiento de cinco etapas en las que se tiene en cuenta si la víctima falleció por el evento o si quedó con heridas permanentes.
En la etapa 1 se especifican los derechos que tiene la familia de la víctima en caso de fallecimiento, entre los que se encuentran: inclusión al Registro Único de Víctimas; asistencia funeraria hasta por 750 salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv); indemnización individual por vía administrativa por homicidio hasta 40 salarios mínimos mensuales legales y capacitación en manejo de recursos recibidos a título de indemnización.
En la segunda etapa, que se activa en caso de heridas permanentes, la víctima tiene derecho a: ayuda humanitaria inmediata, hasta por un mes prorrogable, consistente en atención médica y sicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas; ayuda humanitaria es hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes en caso de heridas leves que otorguen una incapacidad mínima de 30 días; asesoría, atención, orientación y acompañamiento psicojurídico desde un enfoque diferencial y de derechos; indemnización administrativa por lesiones que no causen incapacidad permanente, hasta treinta salarios mínimos mensuales legales. En caso de discapacidad, la persona víctima tiene derecho a recibir: Indemnización administrativa por lesiones que produzcan incapacidad permanente hasta 40 salarios mínimos mensuales.
En la etapa tres, el afectado tendrá derecho a rehabilitación médica básica, física y sicológica; en la cuarta fase, una atención médica y sicológica continuada y en la quinta y última etapa, la víctima tiene derecho a inclusión social, escolar y económica.
En la sede de la Séptima División del Ejército se encuentra el hospital Héroes de Paramillo. En ese sitio, una construcción de 5.500 metros cuadrados, los integrantes de la Fuerza Pública reciben toda la atención necesaria (rehabilitación, fisioterapia, medicina general, terapia ocupacional, trabajadora social, sicología) desde su ingreso hasta su salida.
En un día común y corriente en el hospital Héroes de Paramillo los pacientes tienen diferentes terapias: en la mañana de rehabilitación funcional, en las tardes realizan actividades de todo tipo: talleres de pintura, validación de bachillerato, con el Sena reciben cursos y clases de cocina, sistemas, servicio al cliente; también tienen acceso a centros recreacionales en el municipio de Bello y entradas a algunos partidos del fútbol profesional colombiano.
En la gran mayoría de los casos, dependiendo del grado de la lesión, de su incapacidad o discapacidad, los integrantes de la Fuerza Pública reciben su pensión. Sin embargo, en algunos casos como el del soldado Luis Eduardo Cuartas, la pensión se demora varios años, “El acompañamiento sigue, pero llevo un año esperando la pensión”, dice Cuartas.
