A menos de un año del fin del mandato de Gustavo Petro, su Gobierno lanza una de sus últimas apuestas legislativas para consolidar la cuestionada política de Paz Total. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, radicó ante la Cámara de Representantes el proyecto de ley de “desmantelamiento y sometimiento de organizaciones criminales”, con el que se busca abrir una vía legal para la rendición de grupos armados ilegales, incluyendo bandas como el Clan del Golfo y desertores de acuerdos anteriores.
El momento político no es menor. Sin mayorías consolidadas en el Congreso, con críticas crecientes a la efectividad de la Paz Total y con la inseguridad disparada en varias regiones, el proyecto busca marcar una diferencia en la recta final del gobierno.
La iniciativa, compuesta por 54 artículos, ya fue presentada al Consejo Superior de Política Criminal. Aunque recibió luz verde por parte de entidades como el Inpec, la Policía, el Ministerio de Defensa y el ICBF, la Corte Suprema, Defensoría, la Justicia Penal Militar y la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, se apartaron del consenso y emitieron un concepto negativo. “El proyecto requiere un debate más reposado y amplio, dada su trascendencia en la política criminal del país”
El texto establece rebajas de pena de entre el 40 % y el 60 % para quienes aporten verdad y contribuyan a desmontar las estructuras criminales. Además, permite que los criminales que se acojan al sometimiento conserven hasta el 12 % de los bienes obtenidos ilícitamente, lo que ha generado fuertes cuestionamientos éticos y políticos. El Gobierno lo defiende como un incentivo necesario para romper las cadenas del crimen organizado; sus críticos lo ven como una concesión desproporcionada.
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“El objetivo no es premiar a los criminales, sino darle al Estado herramientas para acabar con la violencia, proteger a las comunidades y fortalecer la justicia”, dijo el ministro Montealegre al presentar el proyecto.
En la práctica, la ley introduce un modelo dual. Mientras se mantiene el reconocimiento político para actores como el ELN o las disidencias de las FARC, con miras a continuar diálogos de paz, se traza una ruta diferenciada para otros grupos que deberán someterse a la justicia bajo un esquema condicionado a la colaboración, la entrega de armas y bienes, y el desmonte real de sus operaciones.
El Congreso tendrá la última palabra. Y lo hará en un ambiente enrarecido, donde las fracturas institucionales, el desgaste del Gobierno y el escepticismo ciudadano frente a la Paz Total podrían influir más que los argumentos jurídicos.
“Hubo un consenso generalizado en todas las consultas que hemos hecho hasta este momento, y es la de que no debe mantenerse más el modelo de justicia transicional de la ley de Justicia y Paz, sino que ese modelo de justicia y paz debe tener un cierre, y para hacer un cierre, lo que hay que hacer es agilizar los procesos que ya existen. Para lograr ese cierre, van a crear unos mecanismos que hagan más ágil ese procedimiento. Entonces, no estamos creando una nueva jurisdicción de paz. Aquí, ¿Cómo va a funcionar el modelo? El modelo ya se trate de personas responsables, o se trate del crimen organizado de alto impacto, todo se hará dentro del modelo del actual sistema acusatorio”, explicó.
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