Paradójicamente en el fútbol colombiano parece que es más grave simular una falta o un penal que cometer una infracción grave contra un contrario, pues para la primera, la sanción que impone la Comisión Disciplinaria de la Dimayor es una multa de hasta 44 millones de pesos, más suspensión de dos fechas. Para la segunda acción, la multa es de $358.852 y dos jornadas sin jugar.
Ante esto, los jugadores, a través de la Asociación de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, han solicitado, desde el 18 de septiembre de 2018, la revisión y concertación de un Código Disciplinario Único por considerarlo inconveniente y desproporcionado a la luz de la Constitución Política de Colombia y la regulación sancionatoria, como exponen en comunicados recientes.
Advierten también que, al emitir sanciones de forma unilateral se está incurriendo en la vulneración al debido proceso y la proporcionalidad.
Abogados consultados exponen que el debido proceso es un derecho fundamental y constitucional, que no se puede restringuir.
Los jugadores comentan que no hay una fórmula única para los costos de las sanciones. Para unas se tiene como base el valor de un salario mínimo día. Y, para otras, el salario mínimo mensual, lo que, según los jugadores, conlleva a una sanción económica bastante onerosa, sobre todo para los de la B que no cuentan con pagos altos.
“En el fervor de un partido, a veces no se tiene la tranquilidad para racionar sobre la consecuencia de la acción”, comenta Iván Vélez, exdefensa que pasó por América, Quindío, Junior y Once Caldas.
Carlos González Puche sostiene que “los castigos pueden implicar la esclavitud de los trabajadores. Debido al monto de remuneración mensual y los alcances de la sanción, ya que en algunos casos el futbolista trabaje toda su vida para pagar dichas multas”
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