De la noche a la mañana ningún país se despeña por una crisis política, económica y social como la que atraviesa Venezuela. Con su incomparable capacidad para erosionarlo todo – desde la producción petrolera hasta los fundamentos del Estado de Derecho –, el chavismo actuó como catalizador y le dio mayor profundidad a las raíces estructurales de un conjunto de problemas que, además, acabó disfrazando de ideología, pero que en realidad lo antecedieron y tal vez le sirvieron de fermento. La reflexión sobre la forma en que se ha desarrollado este proceso a lo largo de los últimos 20 años ayuda a entender la encrucijada en que se encuentran los venezolanos, y ofrece algunas lecciones sobre cuán fácilmente puede deslizarse un país promisorio hacia el abismo.
La ambigüedad del petróleo
No se puede explicar la suerte de Venezuela prescindiendo del petróleo. El oro negro ha sido la bendición y la maldición de ese país. Bendición en épocas de bonanza, como durante los años 60 y 70 del siglo pasado y, más recientemente, en 2008. En condiciones favorables de mercado, los ingresos petroleros han apalancado el desarrollo y el bienestar del país, mediante la expansión del gasto público y la adopción —no sólo bajo el chavismo— de un amplio conjunto de políticas asistencialistas. El petróleo también ha sido punta de lanza de la política exterior venezolana, y quizá la máxima expresión de ello haya sido Petrocaribe y la red clientelar de la que Chávez derivó un ingente apoyo en los escenarios multilaterales. Pero también ha sido una maldición. Por ejemplo, cuando se producen caídas abruptas o imprevistas del precio del crudo, como ocurrió a comienzos de 2015. Especialmente, porque alrededor del petróleo se ha ido articulando una peculiar cultura política y económica en Venezuela. En el plano político, esa cultura favorece patrones de dependencia frente al Estado, una de cuyas funciones esenciales es, en ese contexto, la de distribuir la riqueza petrolera obtenida con el mínimo esfuerzo de unos pocos, pero cuyo goce reclaman todos indiscriminadamente. Por otro lado, la abundancia de divisas acaba imprimiendo un sesgo importador al conjunto de la economía, al tiempo que inhibe el desarrollo productivo endógeno y favorece el rentismo. Como para algunos de sus predecesores, esta naturaleza ambigua del petróleo se convirtió en clave de la gobernabilidad, para Chávez primero y para Maduro después, y lo será para los gobernantes del futuro, quienes a menos que opten por administrar el petróleo de otra forma, corren el riesgo de acabar repitiendo la historia.
La esclerosis política
Durante la segunda mitad del siglo XX Venezuela se convirtió, junto con Colombia y Costa Rica, en uno de los oasis democráticos de América Latina. Un acuerdo de élites firmado en 1958, el “Pacto de Punto Fijo”, garantizó la estabilidad política, contribuyó a contener los brotes subversivos – promovidos por la Cuba castrista, que desde muy temprano puso sus ojos en Venezuela –, y previno con éxito la tentación dictatorial durante las siguientes tres décadas y media. Irónicamente, fue precisamente Rafael Caldera, en cuya residencia se firmó el pacto, el presidente que en 1994 suscribió su acta de liquidación, al conceder el indulto al coronel golpista Hugo Chávez Frías, que en 1999 la ejecutó de manera definitiva al momento mismo de tomar posesión como presidente.
La verdad es que el “puntofijismo” se venía agotando desde hacía tiempo. Los principales partidos políticos – Acción Democrática (AD) y Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) – acabaron esclerosados, incapaces de renovar su liderazgo y de ofrecer una propuesta que fuera más allá del “retorno al pasado” de la Venezuela Saudita, tal como lo pone en evidencia la tardía relección de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera. Todo ello allanó el camino por el que pronto ascendió el chavismo y su promesa de futuro, la Revolución Bolivariana.
Luego, la consolidación del chavismo no hubiera sido posible sin el colapso del sistema de partidos y el suicidio de la oposición —que decidió no concurrir a las elecciones parlamentarias de 2005—, ni con su propensión casi natural al canibalismo (que aún hoy pende, como la espada de Damocles, sobre el futuro de la Mesa de Unidad Democrática). La lección no puede ser más clara: los populismos se elevan sobre la ruina de la democracia representativa y pluralista, no la provocan; su perpetuación en el poder de los populistas es, casi siempre, obra autodestructiva de la clase política y resultado de su incompetencia.
La perversión de las relaciones cívico-militares
Se atribuye a Bolívar haber dicho que “Ecuador es un convento, Colombia es una universidad y Venezuela es un cuartel”. Parece paradójico, dado el talante “democrático” del puntofijismo. Pero la verdad es que en Venezuela los militares han sido omnipresentes en la vida política, económica y social; y han desempeñado un papel que va mucho más allá del que declaran los textos constitucionales. En ese sentido, la proliferación de militares (en servicio o retirados) en el multitudinario entramado de la burocracia bolivariana, es mucho menos una innovación que la hipertrofia de un rasgo casi crónico del sistema político venezolano.
Por eso los militares son una pieza clave en el confuso rompecabezas del futuro venezolano. Sin ellos, Maduro no podrá sostenerse. Sin ellos, no podrá tampoco pactar la oposición la transición regulada cuando llegue el momento. Como sucede siempre en estos casos, serán un socio incómodo con el que habrá que negociar y transigir. Y a menos que en el futuro se redefinan, no sólo formal sino materialmente las relaciones cívico-militares, Venezuela seguirá abocada a seguir siendo un cuartel, aunque sea en términos de mentalidad, y ello habrá de lastrar toda esperanza democrática.
Nadie sabe qué pasará —ni cuándo, ni cómo— en Venezuela. El fondo del abismo puede estar todavía lejos. Regímenes como el chavismo no sólo son resistentes a la hipoxia política: a veces incluso medran con ella. En cualquier caso, la clave para desatar el nudo gordiano en que se ha convertido el porvenir de Venezuela estriba en la capacidad que tengan los líderes políticos, los empresarios, y los actores sociales, para reconocer las inercias estructurales que condujeron al país al despeñadero. De lo contrario, al cabo de algunas generaciones, se repetirá otra vez la misma historia.
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