Al candidato a la Alcaldía de Medellín, Santiago Gómez Barrera, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le abrió investigación y formuló pliego de cargos “por desconocer las disposiciones que en materia de propaganda electoral ha ordenado el CNE”.
Esta decisión también cobija a los integrantes del comité promotor del Grupo Significativo de Ciudadanos “Seguimos contando con vos” Juliana Gutiérrez (hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez); Hernando Muñoz y Manuel Zuluaga (primo del alcalde de Medellín), por las mismas razones. Gómez le respondió a EL COLOMBIANO: “No sé de ninguna investigación ni he sido notificado”.
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Hay que recordar que al alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, la Procuraduría General le abrió indagación, por presunto proselitismo político a favor de la campaña de Gómez, quien se identifica como “el de Fico”.
En un artículo publicado por EL COLOMBIANO la semana pasada, se conoció que varios contratistan apuntaban a una denuncia relacionada con el caso de la Procuraduría. “Desde abril a los contratistas y personas en provisionalidad nos citaron y nos dieron el discurso de seguir trabajando para la ciudad, que querían que siguiéramos siendo parte del equipo y que, para eso, necesitaban que llenáramos unas bases de datos”, dijo uno de los contratistas.
Sobre este caso, que se conoció la semana pasada, Gutiérrez manifestó que “no he participado ni participaré en política”.
Las pruebas que llegaron al CNE
A los despachos de los magistrados del CNE llegaron fotografías de la publicidad política instalada por la campaña del candidato Gómez.
Durante meses, el Alto tribunal recolectó evidencias de lo que sería la vulneración a las disposiciones sobre propaganda electoral.
En la documentación se observan fotografías de vallas del candidato durante el proceso de recolección de firmas usando la frase “El de Fico”, y piezas gráficas con la imagen del alcalde Gutiérrez. Estas pruebas fueron enviadas al CNE por personas anónimas y por la Procuraduría.
También reportaron cómo desde esa campaña enviaron mensajes de texto a los ciudadanos, lo cual viola la Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales). Este caso había sido denunciado por la Misión de Observación Electoral (MOE).
Los investigados tendrán 15 días para rendir descargos, y podrán recibir una multa de entre 13 y 134 millones de pesos.
