Dimensionar el calibre de las acusaciones que enfrenta el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, no es cosa fácil.
La trama que lo enreda desde cuando obraba como abogado del Grupo Aval hasta su nombramiento como jefe del ente de investigación criminal tiene varios vericuetos y acciones que aún levantan cuestionamientos.
Todo se resume en la acusación de que Martínez habría conocido de la ocurrencia de posibles sobornos desde Odebrecht al interior del consorcio Ruta del Sol 2 un año antes de llegar al cargo de fiscal general y, al llegar, no habría tomado distancia del caso y tampoco facilitado la información que tenía.
Esto ha arropado con un manto de duda por parte del público a la Fiscalía en lo que tiene que ver con el tema.
Por ahora, la Corte Suprema de Justicia ha dado vía libre a la designación de un fiscal ad hoc (que significa “para esto”) que conocerá los casos de Odebrecht, aunque como se hizo por la recusación de la vicefiscal, María Paulina Riveros, este funcionario solo conocerá los casos que esta lleve.
Significa que su rol será casi nulo, pues la vicefiscal solo tiene tres casos que llegaron a su despacho por el impedimento del fiscal general. De esos, solo dos tienen que ver con Odebrecht (los de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez) y ambos ya fueron archivados este año.
Entretanto, el fiscal terminó una semana caldeada, con su presencia en el debate del Senado, el cual se centró en pedirle la renuncia. Allí, nuevamente insistió en que no estaba seguro de los hallazgos que le llevó el fallecido controller (o auditor) de la Ruta del Sol 2, Jorge Enrique Pizano, –que fue lo que desató el escándalo inicialmente– y que, de cualquier manera, actuó solo de intermediario con la cabeza del Grupo Aval, socio del proyecto con Odebrecht, Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Vea en “Infografía” el mapa de intereses en el caso de corrupción más grande de los últimos años y la persona encargada de comandar su investigación.
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