El proyecto de vivienda Camino hacia el Futuro, del que el pasado viernes denunciamos que estaba parado, podría reactivarse si prima la voluntad de las partes.
Así lo dio a entender Julio César Bonilla Mosquera, gerente de la cooperativa Cooptrimcons -constructora del proyecto-, quien quiere hacer claridad sobre las informaciones aparecidas el viernes -página 8A- en- las que es acusado de incumplimiento en el contrato por parte de la cooperativa de vivienda Camino hacia el Futuro, beneficiaria de las casas.
Dice Bonilla que el contrato no fue incumplido por su firma, sino por Camino hacia el Futuro y su representante legal, Álvaro Bolívar, quien habría parado las obras con argumentos errados e inconsistencias en cuanto a licencias y otros pormenores.
Bonilla aclara que nunca dijo tener 600 millones de pesos para iniciar obras, sino que se trataba de un crédito que tramitaría con el Banco Caja Social, que además no podría ser de esa cantidad, sino de 650 millones, que es lo mínimo que prestan.
"Si yo tuviera 600 millones no haría casas para otro sino para mí", afirma. Añadió que el banco no prestó el dinero porque Bolívar no presentó los cierres financieros de su cooperativa para poder hacerle el desembolso.
En segundo lugar, señala que cuando iba a empezar a construir se dio cuenta de que el proyecto no tenía licencia hidrosanitaria de EPM, por lo que hizo varias gestiones por su cuenta hasta adquirirla y pagar por los diseños 4'000.000 de pesos (cuyos papeles adjunta a su versión).
También acusa a Bolívar de querer imponerle los contratos de adquisición de cementos y tubería con firmas distintas a las que él como constructor había escogido, lo que consideró inapropiado, "porque yo como constructor soy el que tengo que responder por las obras" y precisó que con las empresas elegidas por él los materiales saldrían más baratos.
A la Fiscalía
En su versión a este diario, Álvaro Bolívar argumentó que había dado por terminado el contrato con Bonilla y Cooptrimcons porque tenían obreros laborando sin afiliación a una EPS. Bonilla lo desmiente diciendo que sus obreros sí tenían EPS, pero Bolívar quería hacerlos borrar para afiliarlos a la EPS elegida por Camino hacia el Futuro, "y eso no se puede hacer porque no es legal", advierte.
Y defiende, además, a sus ingenieros como personas con idoneidad y un largo recorrido y experiencia en la construcción de proyectos.
Por último, advierte que en vista de que Bolívar no se ha prestado para una conciliación, acudirá a la Fiscalía a demandarlo para que le cancele 200 millones de pesos, que son la multa por haber suspendido el contrato, y 58 millones que él invirtió cuando inició trabajos en el lote del 12 de Octubre, donde serían construidas las casas.
Sobre las familias -que no son 7 sino 4- que pagaron de a 7 millones de pesos se comprometió a que les cancelará el dinero e incluso dijo que desde el mismo viernes, cuando fue publicada la información, les dio abonos.
"Pero esas personas él me autorizó a conseguirlas y debe admitirlas en este proyecto", aseveró.
De todos modos, Bonilla dijo estar dispuesto a llegar a un acuerdo para reactivar el proyecto, que no sería de 64 casas sino de 26 porque, a su juicio, los otros subsidios todavía están en el aire.
Como están las posiciones, ambas partes deberán llenarse de paciencia y pensar en el bien común, en el grupo de familias que esperan habitar sus casas lo más pronto posible. No hay de otra.
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