Si bien el presidente Álvaro Uribe defendió hasta el último momento los alcances de la reforma política, al parecer, más pudieron los calificativos de "inconveniente, inoportuno, ineficaz, precipitado e improvisado" dados por las altas cortes al proyecto y las dudas de los congresistas de la coalición, que llevaron al Primer Mandatario a retirar anoche la iniciativa.
Uribe tomó su decisión al final de una reunión en la que los congresistas de su bancada en la Comisión Primera volvieron a revivir sus impedimentos para discutir el proyecto.
En últimas los impedimentos que tenían más de la mitad de los congresistas de la coalición de Gobierno fueron la razón por la que Uribe no quiso buscar más fórmulas y decidió renunciar a esa iniciativa en el Congreso.
El artículo sobre la doble instancia de juzgamiento a los congresistas, que según la Corte Suprema de Justicia le quitaba garras a este tribunal, fue el que más polémica desató en la Comisión I del Senado. Tanto que los ponentes del proyecto pidieron la reunión de emergencia con Uribe.
Los ponentes llegaron a la reunión con opiniones divididas: algunos pensaban que con retirar el artículo era suficiente, otros creían que lo más conveniente era archivar la iniciativa.
Al final del encuentro en la Casa de Nariño, el Presidente anunció que dedicará todos sus esfuerzos a sacar una ley que garantice la descongestión de la Justicia para 2010.
Con tal fin se amparará en las normas que se expidan durante la Conmoción Interior (declarada el jueves pasado) y que incluya apropiaciones presupuestales.
Eso sí, advirtió que seguirá insistiendo en temas que considera de vital importancia como "la simplificación del Consejo Superior de la Judicatura; la elección de los titulares de los órganos de control sin participación de la Justicia para evitar que esta última se politice; y el retiro de la competencia al Presidente para proponer candidato a la Procuraduría y ternas para la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura".
A pesar de la decisión del Presidente, hasta el final no escatimó en elogios al proyecto de reforma judicial, que hasta anoche era una de sus obsesiones.
Garrotazos al proyecto
La fuertes críticas que los representantes del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional le hicieron al proyecto, confundieron a los senadores al punto que éstos plantearon declararse impedidos para votar.
Jaime Arrubla, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, insistió en que el proyecto era inoportuno porque le quitaría atribuciones a ese tribunal en medio de un importante proceso como es el de la parapolítica que -según él- se encuentra a mitad del camino.
El presidente del Consejo de Estado, Enrique Gil, tampoco fue suave. A su juicio, los contenidos del proyecto presentado por el Gobierno no son los propios de una reforma a la justicia sino "los de una reforma organicista, que recoge fragmentos, migajas o pedazos de lo que es una estructura realista de lo que es una reforma".
El presidente de la Corte Constitucional, Humberto Sierra Porto, y el de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Jesael Giraldo, cuestionaron la iniciativa con términos menos fuertes.
Según Sierra Porto, en un estado social de derecho no se pueden hacer transformaciones a la administración de justicia si no se hacen reformas a las otras ramas del poder público.
El Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, dijo que para descongestionar la justicia, como lo pretende el Gobierno, no se requiere una reforma a la Constitución sino una política de Estado.
"Fue un acto de grandeza del presidente de renunciar al proyecto", dijo Elsa Gladis Cifuentes, de Cambio Radical, al conocer la decisión.
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