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HISTÓRICO
ATAJAR EL BOOM
  • SANTIAGO SILVA JARAMILLO | SANTIAGO SILVA JARAMILLO
    SANTIAGO SILVA JARAMILLO | SANTIAGO SILVA JARAMILLO
Por SANTIAGO SILVA JARAMILLO | Publicado el 04 de abril de 2012

Con cada año que pasa, el conflicto armado colombiano sufre cambios tan profundos que resultaría irreconocible para quien lo compare con la realidad de hace cincuenta años. Con cada noticia escandalosa o trágica coincidencia, nuestra violencia encuentra las más sorprendentes y tristes maneras de desconcertarnos.

Uno de los más recientes cambios son las consecuencias del boom minero en el país. No por nada, Colombia ha mantenido el crecimiento de su PIB gracias a los importantes hallazgos mineros.

Por supuesto, los grupos armados ilegales se disputan ahora la bonanza minera, que ha convertido extensas y olvidadas regiones en puntos estratégicos para sus intereses criminales. Según el Ejército, un cuarto de los frentes de las Farc actúan separadamente del Secretariado y se han dedicado solamente a conseguir y asegurar fuentes ilegales de dinero. Y las bandas criminales no son otra cosa que empresas delincuenciales, que actuan siempre con sus ingresos en la cabeza. Y si en algo son muy buenos los criminales, es en identificar fuentes de dinero para mantener sus organizaciones.

El juicioso trabajo investigativo que desde la Universidad Eafit adelanta el profesor Jorge Giraldo y un grupo de estudiantes de Ciencias Políticas, puede traer algunas luces sobre las acciones que el Estado debe emprender si quiere contener las consecuencias que el boom minero puede tener sobre la situación de violencia en el país.

Lo principal es comprender que el problema se atiende integralmente. Por un lado, manteniendo la presión contra estructuras, redes y cabecillas, atacando todos los eslabones de la cadena de mando y funcionamiento de organizaciones delictivas. Pero sin abandonar un enfoque de legalización de las economías informales, que suponen el principal caldo de cultivo y promotor de más interacciones económicas ilegales y la resolución violenta de los conflictos sociales.

Los desafíos son enormes. Sobre todo porque la existencia de la minería ilegal supone la ineficiencia o ausencia estatal y la influencia corruptora que la misma economía subterránea tiene sobre las autoridades y sociedad donde se produce.

Pero la dificultad no es una buena excusa para la inacción, y si las autoridades no asumen la responsabilidad que supone la lucha contra la minería ilegal con la determinación y claridad necesarias, nos estaremos enfrentando dentro de muy poco con un potenciador de la violencia y la degradación social y estatal de la talla del mismo narcotráfico.