La Auditoría General de la República formuló pliego de cargos de responsabilidad fiscal en contra de la contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, por un presunto detrimento patrimonial que superaría los 76.400 millones de pesos.
El proceso corresponde al traslado de la sede de esa entidad, que estaba en la antigua Torre Colseguros, en el centro de la ciudad, a la zona de Salitre, en el Centro Comercial Gran Estación. La Auditoría General explicó que el traslado era temporal debido a obras de modernización, sin embargo, la Contralora terminó vendiendo las viejas edificaciones por 12.000 millones de pesos, cuando su avalúo catastral ascendía a 34.000 millones de pesos.
De la misma manera, la Auditoría General le imputó cargos a Morelli por otro presunto detrimento patrimonial en el que la jefe del organismo de control fiscal habría incurrido, pues supuestamente pagó el combustible de su vehículo particular con dineros públicos.
De este proceso se compulsaron copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía, quienes de igual manera darán su concepto.
Sobre estos hechos la contralora Morelli dijo: "No hay un solo peso de detrimento patrimonial" y afirmó que ese proceso se debe a una "persecución" de la Fiscalía General de la Nación en su contra.
"Toda decisión que aquí se tome genera automáticamente una actuación de la Fiscalía", dijo la contralora, y agregó que está tranquila y cree que se proceso no va a prosperar.
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