El pasado miércoles 21 de octubre de 2009, se publicó un informe sobre cerramientos ilegales en Medellín, donde se afirmó, basado en información suministrada por la funcionaria Alba Lucía González, que el cerramiento de la urbanización Villa Fernanda había sido legalizado en el 2006.
Sin embargo, María Marleny García, una de las residentes en esta urbanización ubicada en el barrio Robledo-Aures, solicitó a este diario rectificar la información suministrada por la funcionaria, por considerar que ese dato era impreciso y no acorde con la realidad que se vive en la urbanización.
Según María Marleny, la urbanización fue siempre una unidad abierta a la que después se le hizo un cerramiento ilegal, que ella ha denunciado durante 20 años.
"A nosotros nos vendieron estas propiedades con la definición de que estas eran viviendas de unidad abierta, y en ningún momento supimos o autorizamos que se pudiera cerrar, como arbitrariamente se hizo", dijo María Marleny.
Con el tiempo se comenzó a cobrar una cuota de administración para el cuidado de las zonas verdes, lo que María Marleny se negó a pagar. Esa deuda, que alcanza casi los tres millones de pesos, tienen la vivienda de María Marleny a punto de ser embargada.
"Es que la situación es muy delicada. Porque yo compré esta casa para mi vejez y ahora la voy a perder por una situación irregular, que nunca aceptamos", dijo.
Lo que dice Planeación
Con el ánimo de corroborar las informaciones suministradas, de inmediato se contactó a la oficina de Planeación Municipal, de allí se remitió el tema a la oficina de Bienes e Inmuebles de la Secretaría de Hacienda, que es donde manejan el caso.
Allí León Jairo Mejía y Jorge Iván Cano, funcionarios de esta oficina, aclararon el caso. Efectivamente, según lo afirmado por los funcionarios, la señora María Marleny tiene razón al afirmar que todavía el cerramiento es ilegal, porque aún no se ha tramitado ante una curaduría urbana la legalización del predio.
"Para que la unidad pueda ser legalizada, la unidad de copropiedad debe adquirir los predios públicos que fueron incluidos en el cerramiento. Hasta ahora, eso no ha sucedido", afirmó Cano.
Lo que sí aclaró el funcionario, es que durante años se ha intentado legalizar el cerramiento y mientras este proceso se realiza, la administración municipal le entregó los predios de forma temporal para que fueran administrados por ellos.
En ese proceso se pasó por Planeación, Secretaría de Hacienda y se llegó hasta el Concejo de Medellín. Después de todos estos trámites y con el ánimo de darle la opción a los propietarios de las viviendas de adquirir los predios, se llegó a la medida temporal de administración.
"Pero el Municipio no cobra por este motivo. Lo que sí puede suceder es que se forma una junta administradora y cobre por servicios de vigilancia y cuidado de árboles y de zonas verdes. Eso sí puede funcionar, pero la Alcaldía no tiene nada que ver", dijo.
Finalmente, tanto Cano como Mejía aclararon que además los cerramientos, antes de realizarse, deben cumplir con unas condiciones que deben ser aprobadas por la Secretaría de Hacienda del Municipio.
"Los cerramientos no se pueden hacer de forma arbitraria. Deben hacerse con todos las exigencias de las normas sobre propiedad raíz y bienes públicos de la ciudad", aclaró Cano.
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