Dos de tres. Un buen récord. En juego de dados. En póquer, juego que tanto le gusta al presidente Santos. O en sets de tenis. Pero malo si se trata de dilapidar una herencia, pues quiere decir que solo queda una tercera parte.
Eso ha sucedido con lo que recibió Santos de Uribe. La seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social. La primera se deshace poco a poco, región por región. De la periferia hacia el centro. De atentado en atentado. Negarlo es como tapar el sol con las manos. Y la segunda, la confianza inversionista, va por el mismo camino. Veamos.
El ambiente de confianza inversionista se construye sobre la base de acciones predecibles, sobre decisiones que si bien no tienen que ser todas concertadas sí, por lo menos, consultadas, sobre no generar suspicacias y, sobre todo, no sorprender con decisiones o anuncios que quiebran ese clima que había entre gobierno y sector empresarial en la administración anterior.
Hoy la situación es otra. Que comenzó con las señales que se han enviado desde lo tributario y de otro tipo de controles que son legítimos, pero que en la forma como se han ejecutado dejan clara una ansia de publicidad mediática que quiebra esa relación que deben tener gobierno-sector privado.
La eliminación de la exención tributaria por inversión en activos fijos de un tajo a cambio de una reforma tributaria, que aún no se ve, fue el comienzo de ese cambio de reglas del juego. Luego vino la estigmatización de todas las empresas de salud como si fueran focos de corrupción, una empresa chilena que tenía la intención de invertir en ese sector salió corriendo al ver el clima y la incertidumbre. Y las 'redadas' en impuestos y de la Supersociedades, y no estoy diciendo que no se hagan, pues esa es su función, que se anuncian en los medios antes de llevarse a cabo y así condenan -por lo menos ante la opinión pública- a las empresas sin fórmula de juicio alguna.
Vienen además las sanciones del Ministerio del Trabajo a las palmeras y las manifestaciones del Presidente en distintas regiones con víctimas para apoyar la Ley de Restitución de Tierras. Los palmeros son claros en su defensa del sector cooperativo como base asociada del empleo en las regiones productoras. Y se preguntan si esas sanciones no tienen más una intención política. Sin notificarles, les anuncian por los medios las sanciones y plantean que la respuesta del Gobierno es que el empleo a través de las cooperativas de trabajo asociado es "legal pero indeseable". Un mensaje confuso y desalentador. "Si no las quieren que las acaben legalmente", dicen los palmeros que ven con preocupación cómo el Gobierno toma partido en una disputa política en la que tienen como contraparte a la USO.
Los ganaderos, los bananeros y los empresarios del campo tampoco están contentos.
Además de condenarlos en el discurso como paramilitares, ahora el Presidente sale de gira para ponerles una lápida en la espalda y crear un escenario de lucha de clases en regiones complicadas del país. No pierde oportunidad el Presidente, sin decirlo directamente, de enmarcarlos como la extrema derecha cuando estos luchan contra el regreso del boleteo y el secuestro. Si a este panorama desolador se le suma la revaluación, pues es fácil entender ese descontento.
Hay una situación fiscal inmejorable, hay indicadores macroeconómicos muy buenos pero quien genera el empleo y el crecimiento es el sector privado, que hoy siente con cada vez más fuerza que en el Palacio de Nariño hay un mandatario hostil.
Adiós huevitos. Santos le facilitó la vida a doña Rumbo, pues solo le dejó uno por cuidar.
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