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CIDH condenó asesinato de líder indígena del pueblo Wayúu

02 de agosto de 2010
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este lunes "enérgicamente" el asesinato del líder indígena del pueblo Wayúu Luis Alfredo Socarrás Pimienta y pidió al Gobierno que investigue el caso y proteja a los defensores de los derechos de los indígenas en Colombia.

La CIDH destacó en un comunicado que Socarrás era "un reconocido líder indígena y defensor de los derechos humanos del pueblo Wayúu".

Durante el último año, el dirigente indígena había liderado varias manifestaciones del pueblo Wayúu en protesta por la situación de sus derechos humanos individuales y colectivos, reclamando mejoras en la calidad de vida de sus integrantes.

Socarrás había participado además como candidato a la alcaldía del municipio de Manaure (La Guajira) y había sido el gestor de campañas de atención odontológica a comunidades de la Alta y Media Guajira.

Según la información recibida por el organismo, Socarrás fue asesinado el 27 de julio en Riohacha por un sicario que le disparó en la puerta de su casa y huyó.

La CIDH condenó "enérgicamente" el asesinato y señaló que los ataques contra los defensores de los derechos humanos "no solamente violan sus garantías individuales como personas, sino también atentan contra el rol fundamental que cumplen en la sociedad".

El atentar contra alguien como Socarrás, odontólogo y defensor de derechos humanos, "genera situaciones de indefensión para todas las personas que se benefician de sus labores", lamentó el organismo.

Por eso reclamó al Estado que investigue el crimen "para llevar a la justicia y sancionar a los responsables materiales e intelectuales", y enfatizó la necesidad de proteger y dar seguridad a los defensores de los derechos de los pueblos indígenas de Colombia "para evitar la repetición de crímenes como éste".

El organismo recordó que el trabajo de los defensores de derechos humanos es una "pieza esencial" en la construcción de una democracia "sólida y duradera", así como para lograr el pleno del Estado de Derecho y las garantías fundamentales de todas las personas.

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