El paro armado emprendido por el ELN en varias zonas del país dejó un saldo de $3.000 millones en pérdidas para las empresas dedicadas al transporte terrestre de pasajeros.
El cálculo lo entregó la Asociación de Transportadores de Pasajeros (Atpa), desde donde además de esas afectaciones económicas denunciaron la zozobra que hoy aqueja a ese gremio por la situación de seguridad en el país.
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La jornada de violencia del ELN comenzó a las 6:00 de la mañana del domingo 14 de diciembre y se extendió hasta el miércoles 17 de diciembre, por un periodo de 72 horas.
La acción abarcó por lo menos 13 departamentos, incluyendo Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Cesar, La Guajira, Chocó y Antioquia.
Al final de la jornada, el balance dio cuenta de por lo menos cinco personas fallecidas, incluidos dos oficiales de la Policía, y varias acciones terroristas, como por ejemplo la detonación de artefactos explosivos en un peaje en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja.
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En Antioquia, el caso más grave vino por cuenta de la quema de un bus en la vía hacia la Costa a la altura del municipio de Valdivia.
En este último caso trascendió que el vehículo afectado pertenecía a la empresa Expreso Brasilia, que fue atacado cuando se movilizaba a la altura del sector La Paulina, durante la noche del pasado domingo 14 de diciembre.
En medio de esta situación de zozobra, Samir Echeverri, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Pasajeros (ATPA), señaló que durante los días que duró el paro del ELN las empresas tuvieron que suspender todas sus operaciones hacia Chocó, justo en una temporada en la que el promedio diario de buses despachados es aproximadamente de 30 yendo y viniendo.
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“Eso se deja de percibir dentro de las empresas y se convierte en pérdidas económicas, porque hay que seguir pagando parqueaderos, el salario de los conductores, los arrendamientos, servicios y todo lo que eso conlleva”, denunció el líder gremial, apuntando además que el valor del vehículo incendiado en Valdivia ascendería aproximadamente a $1.300 millones.
A renglón seguido, Echerri recordó que las empresas transportadoras ya sufrieron este año una reducción de cerca del 20% de su operación a las zonas más complejas en materia de orden público, como Chocó, en donde, denunció, la Fuerza Pública brilla por su ausencia en las vías.
De igual forma apuntó que en la zona de los Santanderes, las empresas que viajan hacia Cúcuta también han sufrido una disminución de sus operaciones de cerca del 40% y solo alcanzan una ocupación del 60%, pese a ser temporada decembrina.
Frente a esta situación, el gremio sostuvo no tener oídos en el Gobierno Nacional para sus preocupaciones.
“Con el Ministerio de Defensa y las autoridades tenemos cero atención, pese a que informamos sobre las afectaciones, las amenazas y todos esos panfletos. No hemos visto por parte del Ministerio de Transporte, que es nuestra cartera, al menos defender al servicio de transporte intermunicipal o de carga. Tampoco hemos visto por parte del Ministerio del Interior actuar frente a ese tipo de cosas”, reprochó, planteando que las operaciones de las autoridades nacionales se estarían limitando a situaciones especiales, pero no a políticas de fondo.
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