Resulta alentador para el sistema financiero y para el país encontrar que, según cifras registradas por la Asobancaria, el indicador de bancarización de la población adulta evolucionó de 51 por ciento, a finales de 2006, al 66,5 por ciento en septiembre de 2012, entendiendo como la proporción entre el número de personas mayores de edad con al menos un producto financiero y el total de la población adulta en Colombia.
Esto significa que 20,5 millones de personas disponen de alguna de las alternativas que ofrece la banca y que, por ejemplo, 19,3 millones de usuarios poseen cuenta de ahorro, 5,9 millones tienen tarjeta de crédito y 1,7 millones adquirieron un microcrédito.
Lo anterior representa una dinámica positiva en el propósito de inclusión financiera que muchos países en desarrollo se fijaron al principio de este siglo, convencidos de la relación directa entre el desarrollo del sector financiero y el desarrollo económico de un país para lo cual es necesario lograr un acertado balance entre la oferta y la demanda de servicios financieros escalados a personas naturales, micro, pequeñas y medianas empresas.
Es un gran avance haber revaluado paradigmas y temores históricos para atender nichos de mercado que, hasta hace una década, no tenían la posibilidad de acceder a instrumentos formales de ahorro o préstamo y cuya única opción era el acceso a un esquema de operaciones financieras riesgosas, tasas de interés desorbitadas y con probabilidad de fraude.
Sin embargo, el trabajo no termina y aún falta mucho por hacer si se tiene en cuenta que el concepto de bancarización incluye el establecimiento de relaciones estables y amplias entre las instituciones financieras y sus usuarios, no solo desde la dimensión asociada a la importancia relativa del sistema financiero sobre la economía total conocida como profundidad, sino también desde la dimensión de cobertura, entendida como la distribución de los servicios financieros y la intensidad de uso, vinculada a la cantidad de transacciones bancarias.
Colombia respondió al reto pero debe continuar en un esfuerzo incesante para fortalecer su posición en la región en términos de bancarización y lograr que la democratización de los servicios financieros sea no solo técnicamente factible de implementar, sino también muy atractiva para las entidades financieras y para los usuarios, de manera que se configure un modelo financieramente sostenible en el largo plazo con impactos positivos en los indicadores económicos, financieros y sociales del país.
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