La atracción que ejerce Medellín sobre quienes ponen un pie en ella trajo de vuelta hace un par de semanas al Fiscal General de Ecuador, Galo Alfredo Chiriboga, quién halló en la capital paisa, hace muchos años, a la mujer que hoy es su esposa.
Por ello, y por haber estudiado en Eafit una maestría en Administración, quiso venir de nuevo a recorrer las calles trazadas entre las montañas del valle de Aburrá, en compañía de su suegra, quien lo tiene como el más consentido de sus yernos, para probar de nuevo los porotos o, como los conocemos aquí, los frijoles.
Sin embargo, antes de venir a la capital paisa y hablar con EL COLOMBIANO, estuvo en Bogotá entrevistándose con el presidente Juan Manuel Santos, la Fiscal General Viviane Morales y el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra. Así nos compartió los resultados de su visita.
¿Cuáles fueron las conclusiones de su reunión con los funcionarios colombianos?
"Hablamos de acercar el funcionamiento de ambas fiscalías con fines de cooperación y lucha contra grupos delictivos en Colombia y Ecuador, favoreciendo información, investigaciones conjuntas y acuerdos que nos permitan operar judicialmente en las cortes de ambos territorios, con informes policiales de uno y otro país".
¿Qué medidas de seguridad conjuntas se implementarán para evitar el tránsito de delincuentes a través de la frontera?
"El trabajo se enfoca en el intercambio de información útil para las autoridades de ambos países, aunque no queremos limitar la movilidad de los ciudadanos. De acuerdo con el derecho internacional, las autoridades migratorias podrán rechazar el ingreso de alguien con antecedentes delictivos".
¿Cómo protege la ley a los refugiados colombianos en Ecuador?
"Tenemos registrados 52 mil refugiados colombianos, a quienes Ecuador brinda estatus legal para que puedan trabajar, aportar a la seguridad social y acceder a los servicios del Estado. En las cancillerías de ambos países se está abordando el tema de cómo asegurar mayor presencia del Gobierno de Colombia para la atención de esos refugiados".
¿Cómo puede mediar la Fiscalía ecuatoriana en el llamado a juicio de generales colombianos por la incursión de Angostura en 2008?
"La Fiscalía ya terminó su trabajo sobre ese hecho, llevando ante los jueces una acusación por las 24 muertes que hubo en el ataque al campamento, y eso ya está en manos de los jueces".
En un momento en el que las relaciones bilaterales pasan por un buen término, ¿qué implicaciones tiene ese llamado a juicio?
"Debemos contextualizar las relaciones entre ambos países en un horizonte temporal más amplio, pues la cooperación viene desde la independencia. El de Angostura es un tema doloroso que generó una ruptura transitoria en las relaciones entre ambos países. Sin embargo, éstas se han recuperado al buen nivel que siempre han tenido".
¿Puede el presidente de Ecuador, Rafael Correa, intervenir para que se dé una decisión en uno u otro sentido?
"En Ecuador, los poderes públicos se dividen en legislativo, judicial y de control ciudadano, y cada uno opera de manera independiente. Es imposible que la función ejecutiva influya en un juez para modificar una resolución".
El último informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aseguró que el peor escenario para la libertad de expresión en Latinoamérica es Ecuador...
"Esa información responde a unos intereses legítimos que defiende la SIP, pero decir que en Ecuador no hay un sistema de garantías a la libre expresión del pensamiento dista mucho de la realidad. Lo que tenemos son tres o cuatro casos específicos en los que el comunicador no hizo opinión sino que imputó la comisión de un delito".
¿Cree que la indemnización por 42 millones de dólares, exigida al periódico El Universo, por presunta injuria, tiene sustento legal?
"Una indemnización como la que transitoriamente fijaron los jueces, es inédita. No existen antecedentes en la jurisprudencia nacional e internacional de una indemnización por una cifra de esa naturaleza".
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