La sesión estaba citada para empezar a las 8 de la mañana. En un mismo espacio —tanto virtual como presencial— llegan 135 participantes. De estas, tienen que estar presentes los representantes de 69 para que haya quórum para deliberar. Mientras se espera a que se alcance ese número, el tiempo corre. El reloj marca las 9:30 a. m. y por fin la sesión inició.
Así fue que comenzó el jueves 28 de agosto la quinta sesión de la Mesa Técnica de Trabajo de la unidad de pago por capitación (UPC) en el Ministerio de Salud, que se llevó a cabo la semana pasada y en la que EL COLOMBIANO pudo estar presente para conocer detalles de primera mano.
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Esa vez el tema a abordar era la siniestralidad: un indicador que manejan las entidades promotoras de salud (EPS) que muestra la relación entre los costos que asumen y los ingresos operacionales que reciben. En términos prácticos, es la plata que reciben versus la plata que gastan en la atención en salud de sus afiliados. Este espacio —que se espera finalice el próximo viernes 5 de septiembre— lo convocó el ministerio por orden de la Corte Constitucional, que en enero de este año concluyó en un auto que la UPC (que es la plata que el Estado le asigna a las EPS para la atención de cada usuario que tenga) de 2024 fue insuficiente.
Es decir, que no les estaba alcanzando a las EPS para cubrir la demanda de servicios que tienen. De hecho, la mesa técnica se había realizado entre abril y mayo pasado. Sin embargo, a mediados de mayo el mismo alto tribunal le ordenó a la cartera de salud volverla a hacer toda porque consideró que había falta de participación de los actores del sistema y riesgo de que no se garantizara la suficiencia de la UPC. Y mientras esto se da, el sistema de salud vive una crisis sin precedentes desde 1993.
En seis de las nueve EPS que están intervenidas por la superintendencia del ramo subió la cifra de pretensiones en tutelas entre 2021 y 2024, según la Corte Constitucional. En Savia Salud pasó de una tasa de 38 por cada 10.000 afiliados a 201 por cada 10.000; en Nueva EPS pasó de 26 a 87; en Emssanar pasó de 21 a 110; en Famisanar aumentó de 11 a 59; en Sanitas (que volverá a manos de sus dueños) subió de 3 a 57, y Servicio Occidental de Salud (SOS) pasó de 3 a 22.
Los colombianos están gastando más plata de su bolsillo para ir al médico. Según un informe del centro de estudios económicos Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras), subió a 16,8 % en 2024, desde 14,2 % en 2021, acercándose peligrosamente al umbral del 20 % que la OMS considera de alto riesgo financiero para los hogares. El 84,8 % de estos pertenece al régimen subsidiado (pensado para brindar mayor protección económica a los pobres).
Y las deudas de las EPS con hospitales, clínicas y otros prestadores de servicios alcanzaron en diciembre de 2024 los $20 billones, según la Asociación de Hospitales y Clínicas (Achc). La Contraloría habla de una deuda de $32,9 billones.
Tensión en la mesa técnica
Las sesiones de la mesa tienen una metodología de presentaciones magistrales en la que una persona (inscrita previamente ante el Minsalud) expone sus cifras, argumentos y consideraciones sobre la siniestralidad (o el tema del día) con ayudas audiovisuales. El exponente tiene 20 minutos para hacer su presentación y luego hay 10 minutos para que los demás hagan preguntas.
Han participado en este espacio instituciones del Gobierno (ministerios de Salud y de Hacienda, Departamento Nacional de Planeación) EPS, prestadores de salud privados, hospitales públicos, la industria farmacéutica nacional e internacional, facultades universitarias de ciencias de la salud, usuarios, pacientes, órganos de control (Procuraduría, Contraloría y Fiscalía) y organizaciones de la sociedad civil.
Si bien son 135 participantes, en el conteo de votos para tomar decisiones se cuentan 139 porque Pacientes Colombia cuenta con cuatro regionales (Andina, Caribe, Orinoquía y Pacífica). Para aprobarlas, se necesita un quórum de la mitad más uno de los registrados; incluso, para iniciar las sesiones. Lo cual se hizo confuso para las sesiones en las votaciones y la cantidad de inscritos.
Así, con tiempo cronometrado, se pueden hacer dos exposiciones por hora, tanto en la mañana como en la tarde, en una jornada que se extiende hasta las 5 de la tarde. Después de la hora de almuerzo, hay otra hora para dos presentaciones más y las últimas dos horas se destinan para debatir.
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No obstante, el pasado jueves hubo varios momentos en los que se presentaron debates y discusiones durante el espacio de preguntas. En las exposiciones de la mañana participaron los representantes de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y de la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres).
El representante de Acemi, Mario Fernando Cruz, habló de una deuda que alcanza los $30,6 billones en las EPS producto de la insuficiencia de la UPC y del rezago en su cálculo entre los años 2021 y 2024, pero que en ese último año creció exponencialmente.
Al turno de la presentación de la Adres, el director de Liquidaciones y Garantías, César Jiménez, expuso que las EPS no estaban reportando el 100 % del destino que le estaban dando a los recursos de UPC y dedicó nueve minutos a hablar de la EPS Sanitas. Sobre esa aseguradora, Jiménez hizo varios comentarios irónicos en referencia a que son propiedad del Grupo Keralty y a que esta tiene en su abanico de negocios clínicas (con las que contrata servicios para sus afiliados), empresas de medicina prepagada y vínculos comerciales en el sector salud en otros países.
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Ante esto, uno de los voceros de la organización Pacientes Colombia, Denis Silva, criticó que Jiménez haya dedicado tanto tiempo a hablar de Sanitas y haya dejado otros casos por fuera. “¿Por qué no hablas de Nueva EPS, de la que el Gobierno es dueño del 49 % y maneja el 51 % restante?”, cuestionó.
Vale recordar que Sanitas EPS fue intervenida por la Superintendencia de Salud en abril de 2024, pero en junio de este año la Corte Constitucional la tumbó al considerar que esa entidad había cometido una “arbitrariedad”.
“Es que hablan como sacando pecho porque pagan oportunamente la UPC. Eso lo han hecho gobiernos anteriores y este Gobierno. Es la obligación. Eso no es ni para resaltarlo porque están cumpliendo con algo”, prosiguió Silva en su comentario.
“Me llamó mucho la atención (...) que no le das importancia a la información. O sea, no hablaste del valor que tiene la información para tomar decisiones en salud. A mí sí me gustaría que no me volvieran a invitar a una (mesa de) UPC para hablar de unos temas donde el Gobierno se debería declarar éticamente impedido”, finalizó Silva.
Ante esto, Jiménez le contestó que “el informe financiero, que lo estoy señalando, tiene 707 páginas, ahí están todas las EPS. Esto es un ejemplo, también hubiera podido poner uno de otra EPS, donde se ven $9.000 millones en gastos de administración en transporte de valores. No sé si eso está bien o no, esa no es la discusión”.
Y finalizó su respuesta, con tono fuerte, señalando que, como lo han sostenido desde las entidades de salud del Gobierno, la información reportada por las EPS está incompleta, por lo cual “no es confiable y, por lo tanto, no es posible calcular la UPC de la manera como se venía haciendo. Este es el debate que está acá puesto, que debería ser un escándalo y que implica que aquí la función pública entre a corregir”.
Sobre esto, la ex viceministra de Salud y exdirectora de la Adres, Diana Cárdenas, advirtió que “todos los ejercicios que ha mostrado la Adres lo hacen sobre un cuestionamiento sobre la ejecución del gasto” y les recordó que “las fallas en el sistema no los exime de la responsabilidad de demostrar que se financia de manera suficiente el sistema de salud”.“Eso es como decir que porque los funcionarios públicos son ineficientes, no les van a pagar el salario. Es un problema de cuál es el instrumento de política para resolverlo, porque aquí nos están conduciendo a una discusión sobre si es la EPS o no. La responsabilidad del Estado es financiar el sistema. Independientemente que tenga EPS o lo administren ustedes”, añadió.
Futuro incierto de la UPC
Es una jornada larga. Para la tarde, el número de preguntas después de las presentaciones bajan, en comparación con la intensidad de la mañana, cuando el intercambio de preguntas y respuestas se asemeja a la de una asamblea universitaria permanente. Fuera de micrófonos y en algunos grupos de WhatsApp de los asistentes se comentan las presentaciones que van pasando conforme avanza el día. Allí se pregunta si se está actuando en contra del derecho a la salud si esas instituciones no garantizan la suficiencia de recursos para el sistema.
Aunque los participantes de esta mesa técnica reconocen que hay una mejoría en la participación y metodología, en comparación con la anterior que la Corte Constitucional suspendió, no hay esperanza en que esto termine con buenas noticias para el sector.
EL COLOMBIANO habló con tres personas que han participado en todas las sesiones de la mesa y todos coinciden en que —palabras más, palabras menos— este proceso será un saludo a la bandera.“El viceministro (de Protección Social) Luis Alberto Martínez insiste en que las EPS se roban la plata y repite que la salud es un derecho y no un negocio. Cada que terminamos una sesión dice ese tipo de cosas y eso nos hace pensar que no hay esperanza”, afirmó una de ellas.
Esta misma fuente aseguró que ninguno de los representantes de la Adres, de Hacienda, de Salud ni del DNP respondieron la alerta que hizo Acemi acerca de que el Minsalud estaba eliminando del cálculo de la UPC a los pacientes que cuestan al sistema más de $100 millones al año, lo cual está llevando a una subestimación de esa prima.
“Haber mejorado el método (de la mesa) es importante, pero se sabrá si sirvió a la hora de tomar decisiones y si toman en consideración los argumentos. Si eso no ocurre, no habrán servido de nada”, agregó.
Por otra parte, Denis Silva le dijo a este diario que desde el Gobierno mantienen la línea de que la plata es suficiente. Por ello, comentó que dijo en varias ocasiones que “si es así, ¿por qué si administran el 59,8% de los afiliados de las EPS, esas tienen los peores indicadores y el mayor número de quejas las concentran?”.
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Finalmente, la otra persona que habló con este diario mencionó que desde las instituciones gubernamentales “han sido muy enfáticos” en que “supuestamente la Corte no ordenó que el ministerio tiene que llegar a consensos”.
“Esa espacio tiende a justificar lo que ellos quieren hacer. Asistir a esa mesa es legitimarlos, pero no podemos dejar de hacerlo”, agregó.
¿Qué responde el Ministerio de Salud?
EL COLOMBIANO se comunicó con el Ministerio de Salud y con el viceministro Luis Alberto Martínez para incluir un pronunciamiento de su parte sobre los hechos narrados en este artículo. Se preguntó sobre su postura frente a la finalidad de ese espacio, el plazo que dio la Corte, la fecha de entrega del informe y por los comentarios del funcionario, pero al cierre de esta edición no recibió una respuesta.
Para las personas citadas en este artículo resulta desequilibrado que la Comisión Asesora de Costos, Beneficios y Tarifas tenga voz y voto en la mesa, pues esa instancia es la que define (no solo en esta ocasión, sino cada año) el ajuste de la UPC. “Son juez y parte, se están aconsejando a sí mismos”, dijeron dos de las fuentes.
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