Cada día los congresistas en este país están más vigilados y, por lo tanto, cualquier acción que pueda ser interpretada como un error jurídico o ético cae en manos de tres abogados que se han especializado en demandarlos, a tal punto que en los pasillos del Capitolio y de las altas cortes se les conoce como los "cazacongresistas".
Pablo Bustos, Saúl Villar y Eduardo Padilla son responsables de procesos contra los contresistas tan sonados como el 8.000, destapado por el expresidente Andrés Pastrana (en el que se juzgó al expresidente Ernesto Samper ), el "mogollazo" (en relación al presidente de la Comisión de Acusaciones que investigó a Samper) o el más reciente de los 12 del patíbulo (los conciliadores de la fallida reforma a la Justicia).
"La primera acción que interpuse fue contra los 101 parlamentarios que absolvieron al expresidente Samper ", dice Bustos, y recuerda la creación de un dummy en forma de elefante en el que metió a dos actores, "yo era el domador", afirma jocosamente.
El acto motivó una investigación en la Corte Suprema.
Más recientemente apareció el ‘Serrucho’ (de más de 3 metros) con el que Bustos representó lo sucedido en la capital con Samuel Moreno. A estos símbolos se suma la infaltable ‘lupa’ con la que este abogado, uniandino y filósofo, dice vigilar, cual Sherlock Holmes, los pasos de los legisladores.
"Esto hace parte de la lúdica con la que buscamos generar recordación. La crítica a la corrupción debe ser interiorizada con mecanismos visibles, sensibles y divertidos", dice Bustos, al desestimar que sus teatrales acciones le resten credibilidad a su trabajo.
En la lista de descabezados que se atribuye Bustos están: Emilio Martínez, Mario Rincón, Octavio Carmona, Juan G. Castrillón, Carlos Oviedo Alfaro, Iván Moreno y Armando Pomarico; además de Bernardo ‘el Cura’ Hoyos, entre otros tantos.
Da enemigos, no plata
"Esto no es un juego", dice Villar haciendo mofa de su apellido, quien tras 20 años de ejercer el Derecho, señala que demandar parlamentarios no da plata, "pero sí enemigos".
Egresado de la Gran Colombia, Villar dice que su labor la adelanta porque le interesa que las personas a las que se les da el voto de confianza en las urnas "cumplan sus promesas y defiendan los intereses de la comunidad". "Yo quiero que el Congreso se limpie de gente que llega allí para lucrarse", añade. Esa condición, casi filantrópica, podría considerarse cierta en la medida en que este tipo de acciones no genera ningún incentivo económico.
"Demandé a los doce del patíbulo", dice refiriéndose a quienes conciliaron la fallida reforma a la justicia. La acción cobija a los representantes Alejandro Chacón, Germán Varón, Carlos Osorio, Gustavo Puentes, Orlando Velandia, Roosvelt Rodríguez; y a los senadores Jesús García, Eduardo Enríquez, Juan Carlos Restrepo, Juan Manuel Corzo, Luis Fernando Duque y Martín Emilio Morales.
Pero de ahí a que se tome una decisión pronta es casi un espejismo. Y es que este tipo de acciones que deben resolverse en 20 días (Ley 144 de 1994) supera por lo general los cuatro años. Muestra de ello: el caso de perdida de investidura contra el exsenador Gustavo Petro, hoy alcalde de Bogotá, cuyo caso en el Consejo de Estado sigue en trámite, tal como consta en un reporte de esa corporación.
¿Pero quién está tras cada una de esas acciones? Según Villar, muchas veces a ellos los buscan quienes están por debajo de quien ostenta la curul, "solo así pueden tumbarlo y subir ellos", dice sin afirmar que ese sea su caso.
"He sido asesor de varios congresistas y del partido de la U en las últimas elecciones presidenciales; en las regionales de 2011 también estuve con la U y he acompañado a varios congresistas y excongresistas", dice al validar con autoridad su afirmación.
Aunque el presidente del Consejo Nacional Electoral, magistrado Carlos Ardila Ballesteros, respeta el papel de los abogados que recurren a la figura de pérdida de investidura en justicia y con derecho, sí cuestiona el hecho de que algunos se dediquen a ejercer esa acción solo para hacer caer a quien está arriba en la lista y así llegar al Congreso, "eso es un completo canibalismo".
"El pueblo se merece sus gobernantes", dice Villar en clara desaprobación a la manera como "se compran conciencias". Uno de los casos que lleva este abogado es del de la perdida de investidura de la exsenadora y hoy precandidata presidencial Martha Lucía Ramírez, en el que si bien no hay un fallo, "pronto se dará".
"Es la primera vez en la historia del Consejo de Estado que se da un empate entre los consejeros, al punto de tener que nombrar conjueces para resolverlo", señala. Hoy, tras ires y venires, el caso, vía tutela, está en manos del magistrado Nilson Pinilla, de la Corte Constitucional.
Duermo tranquilo
Eduardo Padilla, egresado de la Universidad Libre, exprocurador del Meta y docente en Bogotá y Cuba, preside una fundación para niños discapacitados y por eso cuestiona que los recursos que deberían atender a la población vulnerable sean usados por los políticos en lo que no se necesita.
"La única manera como se hace patria es golpeando las estructuras de poder para obligar a que las cosas se hagan correctamente y no a punta de tráfico de influencias y de violar los reglamentos internos del Congreso", dice este abogado.
Padilla es quien demandó la investidura de Eduardo Merlano, quien apeló a los 50.000 votos que obtuvo para intentar evadir una multa de tránsito por conducir con tragos. "El caso de Merlano, frente a los líos de Roy Barreras no es nada", dice Padilla también demandante del presidente del Senado por el inmueble del DNE que le habría entregado a una iglesia cristiana. "La gravedad de la falta del Presidente del Congreso permitiría canonizar a Merlano", dice.
"Nosotros los abogados que demandamos pérdidas de investidura podemos dormir tranquilos, pues lo que hacemos es ayudar a la democracia, y eso es algo altruista", afirma el jurista.
Sobre los costos de las acciones que instauran, Padilla considera que a ellos como demandantes no les sale tan caro. Lo contrario -dice- sucede con quienes se tienen que defender, pues los costos de defensa pueden oscilar entre $50 y $500 millones, según el abogado contratado que, por lo general, es un exmagistrado y "ellos cobran duro".
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