Aunque son pocos en Antioquia, los pusieron a correr para acogerse a los nuevos mandatos.
¿El motivo? El decreto de evaluación y promoción de estudiantes expedido por el Gobierno Nacional, que comenzará a regir para los colegios de calendario B a su regreso de vacaciones de julio.
El 1290 establece que cada colegio deberá fijar su forma de evaluación y promoción de estudiantes.
Ese método debe ser socializado con todos los estamentos y debe ser conocido antes de comenzar el curso lectivo.
Para la mayoría de colegios antioqueños, en calendario A, regirá en enero de 2010.
Esta autonomía a los planteles educativos debe ir acompañada de la participación de los padres de familia en los debates que establecerán las nuevas formas de evaluación.
Es una de las aristas del tema, pues sobre los alcances de la norma las opiniones en contra o a favor se comienzan a conocer.
Para Juvenal Herrera, rector del colegio Benedictino con la participación de los padres se estaría pensando que ellos son expertos en evaluación del aprendizaje.
Que los padres participen de la vida escolar de sus hijos no significa que sean expertos en el tema, dijo.
Mary Luz Ramírez, rectora del Montemayor Sagrado Corazón, colegio de calendario B, implementar, estudiar y calcular los riesgos del sistema de evaluación requiere de mucho cuidado y responsabilidad.
"Nos debemos sentar con el consejo directivo y docentes para establecer una agenda de trabajo que resulte en una muy buena propuesta ya que este decreto puede impactar al estudiante por largo tiempo", agregó.
La rectora del Sagrado Corazón consideró sin embargo, que la institución aún no está lista para emitir una opinión formal sobre lo bueno o malo del decreto.
En el Colombus School, otro de calendario B, hasta el momento no le han encontrado puntos negativos.
La vicerrectora Susan Jaramillo explicó que con una escala propia de evaluación el colegio entra a actuar con niveles superiores de exigencia que a la vez puede ser más acorde con las escalas internacionales.
Para implementarlo en agosto, ya inició el trabajo con los distintos comités y después se procederá a incluir a los padres y alumnos, quienes aún conocen poco del decreto.
Para Ana Beatriz Gaviria, rectora de la Escuela Normal Superior Antioqueña, la responsabilidad en la evaluación ha sido trasladada a las instituciones y de ellas depende que sea un instrumento eficaz.
"Los colegios debemos asumir los parámetros de calificación con responsabilidad, objetividad y una verdadera conducencia pedagógica, agregó".
La autonomía que se les da a las instituciones educativas y a la vez la responsabilidad que adquieren para lograr que la evaluación permita que sus estudiantes aprendan, es lo que destacó Gabriel Media Ríos, rector de la Institución Pedro Estrada en Itagüí.
La implicación negativa, opinó, está en poner de acuerdo al equipo docente, a la comunidad educativa, a los directivos docentes e inclusive a las secretarías de educación sobre la aplicación del mismo y mas cuando no hay un porcentaje de reprobación estipulado como lo hacia el decreto 230.
El viernes pasado, una vez expedida la norma, algunos rectores expresaron su inquietud por la movilidad de estudiantes entre planteles, que podría verse afectada, "incluso entre departamentos y en el campo internacional", conceptuó Hernán Darío Jaramillo, rector del Colegio José María Berrío.
Para Nubia Valencia, rectora de la Institución Educativa Zamora, cada ente territorial debería organizar y regular el sistema de calificación para que los jóvenes que se muevan en su propia zona no tengan problemas al pasar de un colegio a otro.
Ahora, a hacer la tarea.
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