Veo con extrañeza cómo la labor de la Contraloría Departamental se ha desviado a la información estadística, desplazando a los municipios costosas comisiones para allegar información sobre aspectos que, en mi concepto, son competencia del Dane, tales como: cobertura, deserción escolar, porcentajes en pruebas Icfes y otros en educación; vinculados al Sisbén en los distintos estratos, morbilidad, mortalidad, etc., en salud y otros aspectos en vivienda, dejando de lado la función principal, como lo es el control fiscal, según lo establece la Constitución Nacional.
El control fiscal se está efectuando en forma posterior, tal como lo establece la Constitución, pero excesivamente tarde, cuando ya es imposible la recuperación de los bienes que con frecuencia se pierden.
Con sobrada razón hoy tantas personas aspiran llegar a las alcaldías, generalmente mal remuneradas, pero que les ofrecen otras gabelas, como la participación en la contratación, la sobrefacturación y otras modalidades que les llevan al enriquecimiento ilícito a muchos de ellos, a costa de los recursos aportados por el Estado y por la comunidad.
Ojalá la Asamblea Departamental reglamente las funciones de la Contraloría, para que los municipios puedan utilizar la totalidad de sus recursos para el bienestar de la comunidad.
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