Cuando varios trimestres sucesivos marcan crecimientos negativos en la economía, se sostiene que esta entró en recesión.
No sabemos cómo se puede llamar cuando reiteradas encuestas bimestrales arrojan que la justicia pierde credibilidad ante la opinión pública.
En la última de Gallup esta tendencia a la baja se evidencia. Comparte tal degradación con los partidos políticos y el Congreso. Situación delicada porque demuestra reiterado desprestigio de dos de los tres órganos del poder público.
¿Cómo puede tener la justicia un alto aprecio y respeto entre los ciudadanos cuando miran estupefactos la forma en que magistrados de las altas cortes, "ponen las herramientas de la justicia a su servicio para utilizarlas como retaliación contra sus propios colegas"? ¿Cómo se puede confiar en su eficacia, cuando el país evidencia que se "desata una guerra jurídica contra los conjueces que sacaron el histórico fallo que tumbó las pensiones privilegiadas", de altos funcionarios del Estado?
Hay otros factores que dificultan la labor oportuna y correcta en la aplicación de la justicia en el país.
A los temores, amenazas y presiones que ejercen bandas criminales organizadas contra los jueces penales especialmente, se suman los artilugios de hábiles y habilidosos abogados criminalistas para enredar los fallos. La presencia de los carruseles de testigos falsos contribuye además a dibujar un panorama cargado de negros presagios sobre lo que debe ser una justicia pronta y decidida.
Hay estratagemas de que se valen los protagonistas del desorden y del caos jurídico para echar por tierra las definiciones en los trámites que señalan los códigos para que se definan oportunamente los hechos imputados a los sindicados de violar las leyes. Así entra por la puerta de atrás, monda y lironda, la impunidad a través de las prescripciones.
Pero la escenificación del drama de la justicia adquiere tintes extravagantes.
Quienes tienen recursos para conseguir costosos abogados, llevan las de ganar en un sistema judicial, no siempre idóneo para enfrentar los argumentos y estratagemas dilatorias. Jueces y fiscales se ven disminuidos en las confrontaciones de las audiencias, tanto por falta de experiencia y conocimientos como por temores fundados ante la ausencia de un Estado que les brinde garantías para enfrentar las amenazas de delincuentes. También la venalidad coopera a hacer más opacas las decisiones en los estrados judiciales.
Reconstruir un país, con una justicia coja, es poco probable. La justicia es la base esencial para que un Estado de derecho funcione. Sin justicia no se puede ejercer a plenitud el orden institucional. Y menos garantizar las libertades en todas sus manifestaciones.
Una democracia sin justicia y de encima con altos índices de corrupción, es una ficción.
Con razón la revista The Economist, al medir el nivel de democracia en 165 países del mundo, califica a Colombia de "democracia defectuosa".
Y para que no queden dudas de esta deteriorada democracia, con justicia coja y corrupción desbordada, no es sino mirar el informe de Transparencia Internacional en el cual cerca del 60% de los colombianos percibe un crecimiento de la corrupción en el gobierno Santos.
Índice agravado por el organismo Reputation Institute, que sitúa al país como el de peor reputación en Latinoamérica.
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