Mientras la organización terrorista ELN estaba sentada en la mesa de diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro, gestionaba un intercambio de armas por cocaína con uno de los regímenes dictatoriales más tenebrosos del mundo, el de Bashar al-Asad en Siria.
Esta conspiración, que confirma las nulas intenciones de desarme que tenían los insurgentes, quedó expuesta el pasado 23 de marzo, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que uno de los involucrados en la trama de crimen transnacional fue hallado culpable por un jurado y está próximo a recibir la sentencia.
Se trata de Antoine Kassis, de 59 años, un primo segundo del dictador, quien está siendo juzgado en la Corte Federal del Distrito Este de Virginia.
¿Pero cómo fue que inició esta asociación ilegal, fraguada entre dos organizaciones separadas por 11.600 kilómetros de distancia y 27 horas de vuelo?
EL COLOMBIANO tuvo acceso al expediente que cursa en Virginia (Caso N°1:25-CR-51) y a documentos judiciales en Colombia, para entender el alcance del negocio y quiénes son los implicados.
La guerra civil
Bashar al-Asad es el heredero de una familia que gobernó a Siria, un país milenario del Medio Oriente, durante cinco décadas (desde 1971).
El mandato se caracterizó por políticas autoritarias que arrinconaron a la población, detonando una guerra civil en 2011. La brutal represión ordenada por Al-Asad provocó el surgimiento de movimientos rebeldes y facciones terroristas, así como la participación de potencias militares extranjeras.
La violencia superó toda lógica, con cerca de 500.000 muertos y más de 14 millones de desplazados, según la ONU, que huyeron atormentados por los bombardeos, matanzas y ataques con armas químicas.
En medio del caos prosperaron los negocios del primo Antoine Kassis, quien se radicó en Líbano para operar desde allí una extensa red de tráfico de cocaína, captagón, heroína y otras drogas sintéticas.
Sus vínculos familiares con el régimen sirio le sirvieron para ganarse un nombre en el bajo mundo, y fue así como entró al radar de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA).
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Según el expediente, en abril de 2024 comenzaron los acercamientos para concretar un intercambio de armas por drogas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización narcoguerrillera que también está en la mira de EE.UU., pues la Casa Blanca la designó en 1997 como Organización Terrorista Extranjera, lo que le permite a sus agencias de seguridad destinar recursos para su persecución.
Los intermediarios en Colombia
Los intermediarios del trueque serían un colombiano y un colombolibanés, sospechosos de coordinar presuntamente una red de lavado de activos al servicio de varios grupos criminales que operan en Latinoamérica, incluyendo al ELN, Hamas, Hezbolá y el cartel mexicano de Sinaloa.
Ellos son Alirio Rafael Quintero Quintero (alias “Ramsés o “Rafa”) y Wisam Kherfan Okde (“Plumita” o “Simón”).
Al primero, la Fiscalía de EE.UU. lo sindica de moverse entre Colombia y México, con una supuesta fachada de comerciante, para administrar capitales de procedencia ilegal. En su acusación formal (indictment), la justicia norteamericana le atribuye dos transacciones efectuadas en febrero de 2023 y abril de 2024, con dinero que al parecer provenía del ELN.
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La plata pasó por cuentas bancarias de Virginia, un estado de la Costa Atlántica de EE.UU., y luego fue transformada en criptomonedas, en montos de 439.979 y 641.600 dólares, para un total de US$1’081.579, equivalentes a 3.968’194.377 pesos, según la tasa de cambio actual.
En la siguiente jugada de blanqueo del capital habría participado Wisam Kherfan, quien presuntamente administraba la red más allá de Latinoamérica. Se supone que supervisó la distribución del dinero en billeteras virtuales, con el propósito de que fueran usadas por otros miembros de la estructura en Ghana y Marruecos (África), los cuales se encargarían del transporte de las armas y la droga.
El contexto político inestable
Un mes después de haber iniciado los acercamientos secretos con Kassis, la guerrilla congeló de manera unilateral la mesa de paz con el Gobierno.
Sus argumentos fueron que la Casa de Nariño estaba incumpliendo varios compromisos adquiridos hasta esa fecha, entre los que se contaban la activación de un fondo multidonante para financiar la transición de economías ilícitas a legales; y la exclusión del ELN de la lista de Grupos Armados Organizados, por considerarse a sí mismos una cofradía rebelde.
Pese a esto, el Gobierno no abandonó los intentos para revivir la mesa, pues de por medio estaba la reputación de la “paz total”, el principal proyecto político de Petro.
Hasta que el 17 de septiembre de 2024 ocurrió una tragedia. La guerrilla atacó con cilindrosbomba una base del Batallón de Artillería N°18 del Ejército, en Puerto Jordán, un centro poblado de Arauca. Murieron dos militares y 25 quedaron heridos.
En consecuencia, el Gobierno suspendió de forma oficial el proceso de paz.
Esta situación hizo más urgente la adquisición de las armas para el ELN, pues la guerra iba a continuar en Colombia, no solo con el Estado, sino también contra enemigos como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.
El 8 de diciembre de ese año fue derrocado Bashar al-Asad, cuando las fuerzas antigobiernistas se tomaron la capital, Damasco.
El régimen cayó y el dictador huyó con su familia a Rusia, donde recibió asilo político gracias a su cercanía con el presidente Vladimir Putin.
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Mientras esto sucedía en Siria, en Colombia el Gobierno Petro volvió a darle otra oportunidad al ELN. Con una reunión de delegados de ambas partes en Caracas, Venezuela, se intentaron limar las asperezas y reactivar los diálogos.
Pero el 16 de enero de 2025 la guerrilla volvió a tirar la paz a la basura, cuando ejecutó una violenta incursión en la región del Catatumbo contra el frente 33 de las Farc, buscando arrebatarle un territorio clave para el cultivo y procesamiento de coca. El asalto se prolongó por varias semanas, dejando cerca de 100 muertos y más de 64.000 desplazados, la peor cifra desde 1997.
A pesar de toda esta inestabilidad política en ambas naciones, el trueque de cocaína por armas entre los implicados siguió en firme.
Kassis acordó viajar a Kenia para encontrarse con un inspector de armas delegado por el ELN, quien revisaría el catálogo disponible y seleccionaría el arsenal que los insurgentes necesitaban. En este punto de las conversaciones, la negociación fue interceptada por la DEA, cuyos agentes encubiertos reemplazaron al supuesto experto de la guerrilla.
El primo de Al-Asad llegó a Nairobi, la capital keniana, el 25 de febrero de 2025, en un vuelo procedente de Líbano.
Se hospedó en el hotel Windsor, de cinco estrellas, a la espera de reunirse con el contacto; sin embargo, no llegó ningún delegado del ELN, sino la Policía local con Interpol. Le decomisaron un pasaporte libanés y dos celulares, y semanas después fue extraditado a EE.UU. en un avión de la DEA.
Así va el proceso penal
En la Corte Federal de Virginia, a Kassis lo juzgaron por cargos de conspiración para el narcoterrorismo y conspiración para proveer recursos a una organización de terrorismo extranjera.
Aunque se declaró inocente en un juicio que duró cinco días, el pasado lunes el jurado lo halló culpable de esos delitos. El juzgado dictará la sentencia el próximo 2 de julio, la cual partirá de un monto mínimo de 20 años en prisión y, por los cargos en juego, podría tener un pena máxima de cadena perpetua.
En cuanto a sus presuntos socios, Alirio Rafael Quintero Quintero y Wisam Kherfan Okde, estos fueron capturados en Colombia a mediados de 2025. Por tratarse de dos casos que incluyen solicitudes de extradición a Estados Unidos, quedaron a disposición de la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con su récord público en la base de datos de la Rama Judicial, ambos han interpuesto varias acciones de tutela, tratando de evitar que los manden al exterior.
Entre los argumentos expuestos por sus defensores, está que ellos habrían sido víctimas de un montaje judicial de la DEA.
No obstante, en noviembre de 2025 la Corte dio su aval para la extradición de Wisam Kherfan, para que responda por los delitos de conspiración para el lavado de activos y lavado de activos. Son los mismos cargos por los que acusan a Quintero, aunque en su caso todavía no se conoce el veredicto del alto tribunal.
Los dos están en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, en Bogotá.
En la actualidad, Siria es administrada por un gobierno de transición, cuya cabeza visible es Ahmed Husseín al-Charaa. Fue jefe de la facción rebelde conocida como Frente Al-Nusra, señalada de tener estrechos vínculos con el grupo terrorista Al Qaeda, y uno de los protagonistas de la toma a Damasco que acabó con la huida de Al-Asad.
A las agencias de seguridad extranjeras les preocupa cuál será el destino del vasto arsenal remanente que dejó la guerra civil en ese país, en especial porque quedó en manos de un personaje con demostradas conexiones en el bajo mundo.
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En cuanto al ELN, la mesa de paz está clausurada y el Gobierno no parece tener intenciones de revivirla, en especial en temporada de elecciones presidenciales.
Con cerca de 6.000 combatientes y milicianos, la organización sostiene combates contra sus enemigos en el sur de Chocó, Norte de Santander, sur de Bolívar, Nordeste de Antioquia, Arauca y Venezuela. Mantener esa máquina de muerte requiere muchas armas y municiones, por lo que es seguro que siga al acecho de convenios para importarlas.
Nexos ilícitos con medio oriente
El acercamiento entre el ELN y el régimen de Bashar al-Asad trae de presente otros episodios en los que las mafias y grupos terroristas colombianos han fraguado negocios con estructuras del Medio Oriente.
Uno de los casos documentados más recientemente es el de la presunta relación entre el zar del contrabando, Diego Marín Buitrago (“Papá Pitufo”) y el grupo Hezbolá, de Líbano.
Las agencias colombianas y extranjeras creen que “Papá Pitufo” ha coordinado en los últimos años exportaciones de ganado desde los puertos de Cartagena y Buenaventura hacia Beirut (Líbano), Egipto e Irak, en los cuales al parecer se camuflaba la cocaína producida por las Farc.
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Uno de los hechos asociados con ese tráfico fue la interdicción del buque Orión V, realizada el 26 de enero de 2023 en el puerto Las Palmas de Gran Canaria (España). Cuando los uniformados registraron la embarcación, encontraron 4,5 toneladas de cocaína, escondida en las pesebreras de 1.750 cabezas de ganado. El barco cumplía una ruta entre Cartagena y Beirut.
La DEA y el Departamento del Tesoro de EE.UU. señalan que el jefe financiero de Hezbolá en Latinoamérica es el libanés Ayman Saied Joumaa, quien en 2011 fue incluido en la Lista Clinton por sus presuntos nexos para el lavado de activos con “la Oficina”, la organización mafiosa que coordina a la mayoría de bandas de Medellín y el Valle de Aburrá.
También se conocieron nexos entre las antiguas Farc y Al Qaeda, la red terrorista de Afganistán que comandaba Osama Bin Laden (foto).
El 16 de diciembre de 2009 fueron capturados en Ghana tres miembros de dicho grupo, en una operación de la DEA. Los acusaron de transportar cocaína enviada por las Farc a través de la ruta de África; uno de los detenidos, Idriss Abelrahman, dijo que Al Qaeda y las Farc compartían “la causa anti americana”, según el expediente.
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