La recta final del proceso que enfrenta el Estado colombiano ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por los desaparecidos del Palacio de Justicia, está marcado por una nueva polémica que, después de 27 años de ocurrido el hecho, vuelve a polarizar al país.
El debate se avivó tras conocerse apartes de la respuesta del Gobierno ante ese tribunal internacional, que está próximo a fallar sobre la demanda al Estado por la desaparición de 11 personas durante la operación militar para recuperar el Palacio de Justicia de manos de guerrilleros del M-19, en noviembre de 1985.
La defensa del Estado, en cabeza del exviceministro de Justicia, Rafael Nieto, expone en un documento de 346 páginas que no se ha probado la responsabilidad estatal ni que hubiera desaparecidos.
El Estado colombiano señaló que lo ocurrido fue responsabilidad de M19 y señaló que las personas desaparecidas murieron como acción de la incursión insurgente.
"Los civiles desaparecidos perecieron calcinados bajo la custodia del grupo insurgente que los tomó como rehenes al interior del Palacio", asegura la defensa del Estado ante la CIDH.
Frente al debate jurídico que se generó ayer tras conocerse la defensa del Gobierno y las fuertes críticas en las redes sociales, Rafael Nieto, se defiende reconociendo que el tema "despierta mucha sensibilidad en el país".
Pero advierte que la defensa no desconoce fallos judiciales y disciplinarios en los que se da por cierto que hubo desaparecidos, como las condenas contra el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega y el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, dos de los comandantes del operativo de recuperación del Palacio.
"Se confunden los procesos de responsabilidad internacional, que es lo que juzga la CIDH con casos de responsabilidad penal o administrativa. Lo que busca nuestra defensa ante es demostrar que no hubo responsabilidad del Estado", explicó Nieto a este diario.
"Tenemos cuatro procesos judiciales sobre los mismos hechos, con pruebas similares, que llegan a distintas conclusiones. Mientras a Plazas Vega se le condena por dos desapariciones, Cabrales es sentenciado por 11. Entonces, lo que hacemos en este caso es una valoración de las pruebas", dijo Nieto.
Otros de los argumentos expuestos ayer para criticar la estrategia estatal es el desconocer las conclusiones de la Comisión de la Verdad. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Aníbal Gómez Gallego, uno de los tres exmagistrados que conformó esa comisión, recordó que se determinó que "sí hubo desapariciones forzadas y que algunas víctimas, que salieron vivas del Palacio aparecieron luego con tiros de gracia o enterrados en cementerios en Bogotá y en guarniciones militares".
Frente a esto, Nieto respondió que el informe de la Comisión de la Verdad "no es un informe judicial válido, sino la opinión de tres exmagistrados y no responde a criterios internacionales".
Cuestionamientos
Las reacciones en el país ayer no se hicieron esperar por parte de defensores de derechos humanos, abogados de las víctimas y analistas del conflicto. Rafael Barrios, abogado que representa a varias víctimas ante la Corte Interamericana en el actual proceso, cuestionó que la defensa del Gobierno "no reconozca las decisiones judiciales que se han dado en el país y que confirman responsabilidades de agentes del Estado".
La oposición también se refleja en la opinión del analista León Valencia, director de la Corporación Arco Iris, quien la califica como una "afrenta a las víctimas". Cuestionó que la defensa de Colombia es más "ideológica que jurídica".
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