Por su presunta responsabilidad en el favorecimiento al grupo Nule para adjudicarles un contrato de interventoría en el ICBF, Edmundo Del Castillo, exsecretario Jurídico de la Presidencia, fue llamado a declarar por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
Los hechos que son materia de investigación datan del momento en que Del Castillo era asesor jurídico del Bienestar Familiar y, al parecer, acondicionó los términos de licitación para que un contrato cercano a los 10 mil millones de pesos, quedara en manos del grupo Ponce de León, firma adscrita al grupo Nule.
El contrato para supervisar la entrega de Bienestarina, fue posteriormente aprobado por Gabriel Del Castillo, hermano del exfuncionario de la Presidencia.
Del Castillo ha negado los presuntos vínculos con los Nule y señaló que el único contacto lo tuvo en 2005, antes de ingresar a la Presidencia, con Paula Galofre (esposa de Manuel Nule y hermana de Mauricio Galofre, asesor del grupo).
La mujer lo invitó a participar en una sociedad para un proyecto inmobiliario en Miami pero este nunca se concretó. De ahí que el exfuncionario insista en que no tuvo ninguna sociedad con los Nule y menos, que haya recibido 270 millones de pesos, como consta en documentos entregados por ellos a la Fiscalía.
La denuncia fue presentada por la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia que entregó el material probatorio para que la Fiscalía investigara el hecho.
"El llamado a interrogatorio es una decisión importante para esclarecer lo sucedido sobre la presencia del cartel de la contratación y estamos seguros de que se practicaron pruebas antes de la citación", dijo Pablo Bustos, coordinador de la Red.
Aún se desconoce la fecha de la diligencia, como también es incierta una posible vinculación de la directora de la entidad, Elvira Forero, en este proceso.
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