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HISTÓRICO
EL DEBATE DE LAS TIERRAS
  • EL DEBATE DE LAS TIERRAS |
    EL DEBATE DE LAS TIERRAS |
Por SANTIAGO SILVA JARAMILLO | Publicado el 30 de enero de 2013

Durante las últimas semanas se discute en La Habana sobre el problema de la concentración de tierra en nuestro país. Las Farc, con ese descaro que les sale con tanta naturalidad, hablan con los negociadores del Gobierno sobre la desigual propiedad de la tierra en Colombia. Ellos deberían conocerla muy bien, su grupo guerrillero es probablemente uno de los más grandes latifundistas del país por cuenta de su robo de tierras en los Llanos Orientales.

Resulta un despropósito que dejemos que un debate tan importante como el de la posesión y explotación de la tierra en Colombia, sea monopolizado por una banda de narcotraficantes y ladrones. Pero este asunto supera la restitución de tierras (para esto ya existe una legislación y algo de voluntad política para ejecutarla), se debe centrar en la histórica posesión desigual de la tierra en el país.

Y es que en Colombia, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el 41 % de los predios privados se encuentra en manos de algo menos de 100 mil dueños. En general, las grandes concentraciones de tierra llevan a tener una gran cantidad de esas propiedades dedicadas a explotaciones improductivas y que generan poco empleo, como la ganadería extensiva.

En efecto, mientras una hectárea de ganado genera en promedio 0,01 empleos directos, el banano de exportación genera 0,6 y las flores casi 15. Pero ¿cómo lograr una posesión más justa y productiva de la tierra?

La expropiación, por ejemplo, no puede ser una opción. El derecho de propiedad es uno de los pilares de las sociedades democráticas y ningún gobierno que se precie de ser democrático debería inclinarse a violarlo.

Una opción menos invasiva y más democrática de atacar el problema de la concentración de la tierra es la tributación. En efecto, el sistema tributario colombiano premia los latifundios y les da una encima si están dedicados a actividades económicas improductivas y que generan poco empleo.

De esta forma, mayores impuestos para los latifundios incentivarían la introducción de desarrollos agrícolas productivos, que les permitan a los propietarios responder por las responsabilidades tributarias de sus tierras.

Pero no existe un consenso ni compromiso político para lograr la legislación necesaria para estas reformas. El Congreso carga una crisis histórica de representación: los que están no tienen, ni de lejos, los intereses nacionales en la cabeza.

Ese es nuestro trabajo: elegir líderes políticos comprometidos con un campo más productivo, competitivo, justo y generador de empleo.