Santos anunció que será implacable contra el crimen. Dice que se necesitan nuevas herramientas jurídicas para combatir a los delincuentes y que hay que incrementar las penas. Simbólicamente, para los colombianos, hizo los anuncios en el distrito caleño de Aguablanca, referente espacial de miedo y de descontrol. Desde hace años, los televidentes han sido trasladados a este lugar por los noticieros nocturnos y han visto imágenes espantosas de muchachos pandilleros que impunemente roban, asesinan y desafían cualquier señal de autoridad. Desde ese lugar, Santos promete orden.
¿Quién no respaldará las medidas que Santos dice que necesitamos?
Espero que seamos varios. Y no porque no se requieran reformas a la manera cómo opera la policía o cómo se aplica el Código de procedimiento penal, sino porque las reformas deben ser debatidas técnicamente -a partir de las razones que justifican el cambio, las alternativas que existen y las rutas de solución propuestas- y no aprobadas ciegamente como resultado de la irradiación del miedo.
A todos nos aterra ser víctimas del delito violento, sea porque lo hemos experimentado o porque cotidianamente nos golpean imágenes mediáticas de eventos de victimización que nos recuerdan gráficamente que el crimen está a la vuelta de la esquina. Vivimos en un país bastante violento y los espacios urbanos están estructurados en torno al miedo.
No niego que existe fundamento para sentir miedo y para querer que las autoridades respondan. Lo que me genera aprensión de esta iniciativa gubernamental es que promete "más y mejor seguridad", pidiendo aval social para la adopción de medidas draconianas que, en ausencia del clima de miedo, no serían consideradas como razonables.
La generación del miedo como forma de gobierno no es algo nuevo ni viene de Santos. Es una técnica "Made in USA", perfeccionada en Europa y exportada a nuestros paisitos.
Hawkins y Zimring, dos criminólogos estadounidenses, se preguntaban: ¿Qué estrategias puede utilizar un gobierno constreñido por los límites al poder para tentar a sus ciudadanos para que remuevan o reduzcan esos límites? En seguida, ofrecieron esta respuesta: "El miedo al delito y a los criminales es una técnica obvia para lograr el resultado. Y esto genera un motivo fuerte para que los gobiernos que buscan poder adicional exageren el peligro del delito y de los criminales. La tarea política es convencer a los ciudadanos que la criminalidad es una amenaza mayor que el exceso gubernamental. El propósito es lograr mayor poder para el gobierno. Y la apelación (o el llamado) es al miedo (a la generación del miedo)".
Reitero, no tengo duda sobre la complejidad del panorama del país y no ahorro esfuerzo en resaltar que Colombia necesita responder de manera contundente a la criminalidad que afecta a la ciudadanía. Lo que no creo es que la respuesta sea incrementar la privación de libertad de los menores de edad, subir las penas ni quitarle garantías al proceso penal.
La criminalidad colombiana es cosa seria; por eso mismo, su comprensión y su combate debe ser cosa seria y no una reacción al miedo que los gobernantes están promoviendo para que no se debata el tema. Santos y sus ministros están pidiendo medidas que los anteriores gobiernos han aplicado infructuosamente. No hay nada nuevo en lo que promueve, salvo que la intensidad de las medidas sobrepasa límites anteriormente establecidos.
En vez de pedir más de lo mismo y debatir desde el miedo, deberíamos partir de análisis completos y responder con medidas nuevas que permitan apartarnos de los enfoques securitarios que no han dado resultado en el pasado. Un enfoque verdaderamente democrático de la seguridad exige que las crisis no sean tratadas cíclicamente como emergencias y que los gobiernos convoquen a discusiones racionales en vez de ponernos a correr asustados gritando irreflexivamente que viva la expansión de la frontera punitiva.
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