Los atentados terroristas perpetrados ayer por las Farc en el Caquetá, donde murieron tres personas, y los sostenidos hostigamientos contra la Fuerza Pública y la población civil en Cauca y Nariño, hacen evidente que hay un rebrote del accionar violento de la guerrilla y un aumento en la percepción de inseguridad en varios sitios del país.
El deterioro del orden público en zonas estratégicas y corredores de movilidad para la guerrilla, las bacrim y los narcotraficantes, hace necesario que la nueva Política de Seguridad Ciudadana presentada hace dos semanas por el Gobierno comience a dar resultados concretos en la lucha contra el terrorismo, antes de que el país vuelva a sentir, como parece ha comenzado a ser cierto, que hemos retrocedido en materia de Seguridad Democrática.
Los hechos violentos que corroboran que hay un acentuado incremento en las acciones guerrilleras desde 2010, en cerca de un 30 por ciento con respecto de 2009, se hacen más preocupantes cuando se logra constatar que las operaciones ofensivas de la Fuerza Pública, por el contrario, vienen disminuyendo, tal como lo confirman las estadísticas de la Fundación Defensa y Seguridad, que dirige el profesor Alfredo Rangel.
Es notoria la desmoralización de las tropas y el envalentonamiento de los grupos ilegales ante decisiones tan controvertidas como las tomadas por la Corte Suprema de Justicia, en relación con la legalidad de las pruebas halladas en los computadores de alias Raúl Reyes, y del Consejo de Estado, que condenó a la Nación por los hechos de la toma guerrillera de las Farc a la base militar de Las Delicias, en Putumayo, en 1996.
Un desaliento militar que podría agudizarse después de conocerse que el testigo clave en el proceso contra el Coronel (r) Alfonso Plazas Vega fue suplantado, y falsificada su firma dentro de la investigación por los hechos del Palacio de Justicia, y que tienen al alto oficial pagando una condena de 30 años, una situación similar a la que afronta el General Jesús Armando Arias Cabrales.
El Gobierno, la Justicia y la sociedad tienen que recuperar su liderazgo y devolverle a nuestra Fuerza Pública la confianza y la motivación necesarias para enfrentar sin apaciguamientos este nuevo desafío terrorista de los grupos armados ilegales.
El esquema de acudir a la violencia como demostración de poder, por un lado, y hablar de posibilidades de un diálogo, por el otro, como lo hacen las Farc, está caduco, pero no por eso hay que bajar la guardia, pues la capacidad de hacer daño por la vía del terrorismo es latente.
Los recientes ataques de la guerrilla a la infraestructura eléctrica, los retenes, los secuestros y las extorsiones a empresarios y ganaderos en varias regiones del país, no hacen parte de la percepción ciudadana, sino de una realidad que hay que enfrentar con decisión y firmeza, máxime cuando las Farc van a buscar influir en los comicios regionales de octubre. No hay otra elección.
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