"Incrementar el salario mínimo con base en la inflación es perverso"
Mauricio Cárdenas Santamaría
Director de la Iniciativa para América Latina del Brookings Institution
En Fedesarrollo, nosotros nunca hemos dicho que el salario mínimo sea muy alto, pero lo que sí hemos ratificado desde hace mucho tiempo es que es muy alto para el nivel de ingreso del país. De eso no hay duda. Colombia es un país de ingreso medio en el contexto internacional y tiene una salario mínimo de un país de ingreso alto.
Un ejemplo: Estados Unidos es 10 veces más rico que Colombia y el salario mínimo es tres veces más alto que en nuestro país. En el contexto latinoamericano, el salario mínimo en Colombia, comparado con el salario medio, es el segundo más alto, superado sólo por Nicaragua.
Y no sólo eso. A partir de 1998, el salario mínimo ha subido enormemente como proporción del salario medio, casi el 30 por ciento. Eso lo que quiere decir es que el salario mínimo ha crecido muchísimo más que la productividad del país en los últimos 10 años. Cuando eso pasa, y no hay que buscar teorías económicas que lo expliquen, es que se dispara el desempleo o la informalidad, que es precisamente lo que ahora tenemos en Colombia, con mayor fuerza en la última década.
El país tuvo muy buenos crecimientos de la economía entre 2002 y 2007, pero no se crearon proporcionalmente puestos de trabajo y los pocos que se crearon fueron por "cuenta propia", es decir, de manera informal.
Eso se debe a restricciones propias del mercado laboral que se producen por efectos de incrementos de salario mínimo como proporción del salario promedio, combinados con unos sobrecargos a las nóminas, esto es, unos impuestos a la generación de empleo formal altísimos.
Colombia es el país de América Latina, y probablemente del mundo, que tiene más altos impuestos a la nómina. Esa mezcla es perversa, entre unos impuestos al trabajo altos y un salario mínimo que está totalmente desvinculado a la productividad. De ahí que mucha gente que sale a buscar trabajo, después de matarse en la universidad, no lo consigue y tiene que dedicarse a la informalidad.
El impacto adicional de esa situación se da sobre el tema de las pensiones, porque esa gente no está cotizando a pensiones y termina condenada a tener empleos malos durante su etapa productiva y a no tener una pensión para sobrellevar su vejez. Eso es un atentado contra la equidad.
El salario mínimo se creó para garantizar la equidad, así como algunos impuestos a la nómina, pero se ha hecho exactamente lo contrario: restringir la entrada de las personas de menores ingresos al mercado laboral y condenarlos a tener un empleo por cuenta propia, de baja calidad, y no tener seguridad social cuando llegue a viejo. Eso es perverso.
Los impuestos al trabajo no son los llamados parafiscales, sino además las contribuciones por solidaridad para salud y pensiones. Es decir, todo aquello que está vinculado al salario, pero no representa un beneficio para el trabajador ni para la empresa. Esas contribuciones, que son impuestos, representan casi 20 por ciento del salario de los trabajadores.
Nuestra propuesta, entonces, es que el salario mínimo crezca a la par con la productividad de la economía.
La mejor manera de aproximar eso es ver cuánto crece la economía. No vemos posible que para 2010, el aumento del salario mínimo sea superior al 2 por ciento.
"No podemos seguir camino hacia el abismo"
José Luciano Sanín Vásquez
Director General de la Escuela Nacional Sindical
Hace unas semanas, Fedesarrollo hizo públicas sus propuestas para una nueva reforma laboral y pensional, según ellos, para mejorar el empleo y garantizar las pensiones de los colombianos. Las propuestas esta vez se centraron en que no sea obligatorio incrementar cada año el salario mínimo.
En otras ocasiones han pedido que no exista salario mínimo; que se desmonten los parafiscales que sirven para financiar las Cajas de Compensación Familiar, el Sena y el Instituto de Bienestar Familiar, y adicionalmente, que la edad de jubilación se incremente e iguale entre hombres y mujeres a los 65 años.
En gracia de discusión, el país debe revisar los costos y la eficiencia del sistema de compensación familiar y evaluar qué cambios se le pueden introducir.
También es necesario discutir la edad de jubilación de las mujeres, reconociéndoles el trabajo del cuidado que realizan y que no es contabilizado y mucho menos remunerado. Pero esta propuesta no resuelve el problema estructural del acceso de los trabajadores a una pensión. Y en materia salarial, es necesario construir una política salarial más allá del mínimo legal, salarios profesionales, salarios por categorías de empleo, etc.
Pero en ningún caso se podría aceptar una fórmula de congelación de salarios, entre otras cosas porque sería contraria a la Constitución y, sobre todo, porque el no aumento del salario para los trabajadores es un golpe para una familia, es la reducción de sus posibilidades.
Todo esto, claro está, con otro enfoque y otro objetivo, creando condiciones de trabajo decente para todos los trabajadores, y no con el enfoque que hemos ensayado por casi tres décadas: reducir costos laborales y precarizar condiciones de trabajo.
Por eso pensamos que no se puede seguir viendo el trabajo como un costo, e ignorar la situación de millones de trabajadores. Es increíble que después de dos reformas laborales y pensionales se busque otra con el mismo objetivo; y cuáles fueron los resultados: se ha generado un desempleo estructural mayor del 12%, una informalidad del 58% y las dos terceras partes de los trabajadores sin protección social.
Cabe la pregunta: por qué los empresarios aspiran a más después de siete años de grandes ventajas (zonas francas, contratos de estabilidad jurídica, Agro Ingreso Seguro para grandes empresarios del campo, cerca de 27 billones de pesos en exenciones y beneficios tributarios en los últimos 4 años).
Qué falta le hace al país que el conjunto del empresariado esté comprometido con la responsabilidad social, que empieza porque las empresas busquen también buenos resultados para sus trabajadores.
Basta mirar unos cuantos indicadores para ver los contrastantes resultados de esta carrera al abismo que nos proponen: somos el segundo país de América Latina, después de Puerto Rico, en facilidades para hacer negocios.
Sería conveniente ensayar durante unos años otra política laboral.
Las tres centrales sindicales colombianas presentaron hace varios meses un conjunto de propuestas para reactivar la economía, generar empleo y proteger los desempleados. Nadie los escuchó, los medios casi nada reportaron, el gobierno se negó a discutirlas y los empresarios aprovecharon para formular su nuevo pliego. Fue otra oportunidad perdida para cambiar de rumbo.
