A dos meses de las votaciones locales, es claro que el ambiente electoral no está del todo saludable. Las presiones, alianzas e infiltraciones por parte de la guerrilla y, peor aún, la delincuencia común aglomerada en las llamadas "bacrim", ocasionarán un problema más grave que el originado en las elecciones locales anteriores por la parapolítica.
Lo lamentable no es solo que esto ocurra, sino que el país y el gobierno, sabiendo que esto está pasando, tengan una actitud reactiva, como en el pasado, y no preventiva y proactiva para tratar de desinfectar el proceso electoral de estas oscuras influencias.
Son varias fuerzas las que van a viciar la transparencia de las próximas elecciones y aunque algunos candidatos y gobiernos locales lo han advertido y han prendido fuertes alarmas, éstas no han sido atendidas debidamente por la Registraduría y por las autoridades judiciales encargadas.
Por un lado, desde hace unos meses, se han presentado asesinatos de candidatos y atentados a campañas ocurridos en el corredor de las Farc que cruza Caldas, Tolima, Huila y Putumayo. Por el otro, se han denunciado presiones por parte de los armados y alianzas de políticos y criminales en Córdoba, Sucre y Cesar, territorios que controlan las bandas criminales.
Igual ha pasado en Antioquia, Valle y Arauca, donde terriblemente operan todas las expresiones delictivas, y en Norte de Santander, cuya seguridad, con o sin elecciones, es constantemente complicada. La época preelectoral y las campañas políticas han obviado una verdad incuestionable y es que el control del territorio no es completo y la violencia alcanza territorios de alta visibilidad e importancia.
La inseguridad y la falta de control de algunas regiones están poniendo en riesgo la legitimidad de las elecciones en particular, y de los próximos gobiernos locales, en general.
Y no solo eso.
El papel de la Justicia también ha quedado comprometido en esta situación, ya que ha mostrado falencias en cuanto a las investigaciones que debían haberse cerrado antes de que los votantes acudieran a las urnas. Esto claramente no va a suceder.
Algunos electores votarán en condiciones de desconocimiento de las presiones y alianzas indebidas de candidatos y criminales, las cuales, seguramente, se develarán de manera posterior, ocasionando destituciones e investigaciones penales, que provocarán mayores costos políticos, económicos e institucionales.
El tema electoral ha demostrado que la situación de seguridad del país sigue siendo grave. No tanto como hace una década, cuando eran cerca de 300 los alcaldes que no podían despachar desde su municipio, pero sí lo suficiente para saber que se está en frente de unas elecciones bajo amenaza, generando el riesgo de que la política sea permeada por los criminales.
Las cifras y los indicadores siguen siendo alarmantes.
Y lastimosamente, a tan solo dos meses de las elecciones, se puede predecir que los armados van a afilar más sus cuchillos, activando mayores aparatos de muerte e intimidación para generar nuevas presiones y, sobre todo miedo, con el fin de incidir directamente en el proceso electoral.
La desconfianza entre los votantes es un terreno que se abona con muy poco esfuerzo.
Más aún, con la legitimidad del voto en blanco comprometido gracias a una artimaña legislativa en la última ley de reforma política, que establece que éste puede ser registrado, y peor, cobrado a favor de movimientos que harán campaña por su promoción. Impresentable.
El Gobierno, en un trabajo mancomunado con otras entidades y la ciudadanía, tienen que impedir que los violentos sigan capitalizando a su favor la innegable percepción de inseguridad que castiga al país.
De lo contrario, guerrillas y bacrim lograrán sus objetivos y Colombia se encontrará de nuevo en la necesidad de depurar los gobiernos locales de manera reactiva.
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