Las empresas no son las que deben generar las políticas para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en el país. En esa labor el principal responsable es el Estado y el mínimo del sector privado es cumplir la ley consignada para ese fin.
Esa fue una de las principales conclusiones de un estudio realizado por la Fundación Ideas para la Paz y la Universidad de los Andes en el que se midió la responsabilidad de las empresas con el desplazamiento forzado en el país y su papel en tratar de mitigarlo.
Este estudio de la universidad bogotana puso de relieve el caso de la multinacional bananera Chiquita Brands que, según admitieron sus voceros ante una Corte en los Estados Unidos, entre 1994 y 2004 pagó 1,7 millones de dólares a grupos paramilitares en el Urabá. Aunque el caso se resolvió con una multa en una corte norteamericana, esta investigación evidenció que aun no han sido aclarados los presuntos nexos de Chiquita con la agrupación ilegal en un periodo que coincide con el desplazamiento forzado de al menos 50 mil personas en la zona (según datos de Acción Social).
Julio Andrés Sampedro, vocero de Chiquita en Colombia aseguró que "la versión no tenida en cuenta es que la empresa fue extorsionada, tanto por la guerrilla como por los paramilitares" y dijo que el reconocimiento de entrega de dinero corresponde a esa condición sufrida.
El representante de la multinacional bananera señaló que no hay "fallos o resultados de investigaciones por los ataques que sufrieron los trabajadores y directivos nuestros en Colombia".
Según el estudio, el caso de Chiquita ilustra la necesidad de que no se vuelva a repetir este tipo de hechos y que el sector empresarial sea protagonista en el cumplimiento de los derechos humanos y genere hechos concretos para favorecer a quienes lo han padecido.
Es por esto que la documentación de casos en que las empresas se vieron involucradas en el conflicto armado debería generar en el sector una conciencia sobre cómo su presencia en ciertas zonas del país corresponde a lugares donde hubo expulsión de personas o recepción de quienes fueron desplazados.
De ahí que su obligación, según este estudio, sea mitigar el impacto de este drama humanitario.
Principios de la ONU
Todo eso que se espera de las empresas está consignado en los Principios Rectores de Empresa y D.H. de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Debe haber una adecuada diligencia, ir más allá de la ley y trabajar "conjuntamente con otros actores -organizaciones a nivel local, instituciones a nivel local y otras empresas-, para que efectivamente puedan hacer una intervención integral que disminuya la condición de desplazamiento", explicó Ángela Rivas, directora de la investigación.
Según Jorge Rojas, presidente de la Consultoría para el Desplazamiento Forzado y los Derechos Humanos (Codhes), la debida diligencia es un punto de partida para saber cómo se está invirtiendo y dónde se está haciendo empresa en Colombia.
La idea de fondo es que se requiere también de una conciencia ética para saber dónde invertir. Juan Sebastián Betancourt, presidente de Proantioquia, aseguró que durante el Gobierno pasado, cuando se les llamaba la atención por no invertir, estimó que no podían hacerlo en el Urabá, en el Bajo Cauca y en el Nordeste antioqueño. "¿De quién es esa tierra? No podemos caer en la trampa de legitimar activos comprándoles la tierra a unos testaferros, para que mañana además quedemos en la lista Clinton", dijo.
Para el jefe de la Unidad de Protección de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia (Acnur) Andrés Celis, la experiencia recogida sobre el tema también refleja la responsabilidad del Estado en el tema .
"El Estado debe regular los incentivos de inversión en determinadas zonas que afectan a la población, para proteger una comunidad especialmente débil en escenarios de conflicto", expresó Celis.
"El sector empresarial puede contribuir a disminuir este tipo de riesgos a través de iniciativas y estándares de comportamientos que complementen los esfuerzos del Estado a la prevención y mitigación de situaciones que se asocien con el desplazamiento forzado interno. Por ejemplo, puede participar en iniciativas orientadas a estimular el arraigo en las comunidades o promover el retorno de la población", señaló el informe.
Iniciativas en el conflicto
La Universidad de los Andes documentó que para el caso de Antioquia existe un sector empresarial fuerte que desde años trabaja de la mano con las comunidades que han sido afectadas por el conflicto armado. Dichas experiencias (ver recuadro 1) para la Corte Constitucional (auto 383 del 2010) han permitido que el departamento cuente con capacidad institucional para abordar el drama del desplazamiento forzado.
Para el informe de la Fundación Ideas para la Paz, estas iniciativas en territorio antioqueño se presenta "en gran medida a través de alianzas públicas y privadas, donde el sector empresarial es invitado a participar en programas creados por organizaciones gubernamentales e internacionales, como una manera de financiar los proyectos y, en una menor medida, se presentan a través de programas liderados por iniciativa propia de las empresas".
Las decenas de empresas que participan activamente en esta labor, principalmente se enfocan en la prevención de las consecuencias de la violencia, brindan ayudas a corto plazo, capacitan para el trabajo a la población, tanto vulnerable como desplazada.
A su vez este importante sector en Antioquia ayuda al mejoramiento de la educación, en la atención psicosocial y, en poca medida, apoya las iniciativas que abordan temas de estabilización socioeconómica de la población desplazada y el retorno, dice el estudio.
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