viernes
7 y 9
7 y 9
El miedo se apoderó de los caseríos y fincas asentados en la vía entre Caucasia y El Bagre. El paisaje es de estaderos y tiendas cerradas, casas selladas con candados, escuelas con pocos niños, calles sin gente, iglesias sin feligreses y mucho, mucho silencio.
Los habitantes de la vereda La Apartada, del corregimiento Cuturú, fueron los últimos en abandonar sus viviendas hace poco más de un mes, antes que seguir viviendo bajo el temor y encerrados en sus casas, mientras a su alrededor se repetían masacres y asesinatos selectivos de habitantes, trabajadores y mayordomos de fincas del sector.
"Un fin de semana mataron como a seis personas y ahí empezó la gente a irse y los niños dejaron de venir a estudiar. Teníamos 38 estudiantes y quedan 15, pero hoy solo vinieron al colegio nueve", cuenta un docente de la escuela local.
Cerca de allí, en una pequeña casa de madera acondicionada como iglesia, solo hay una mujer que reza en esa tarde del pasado viernes. Esta triste en medio de la soledad que la rodea. "La gente se ha ido de aquí por esta violencia tan horrible, por eso estoy orando, para que esto termine y podamos vivir tranquilos".
Ella integra una de las seis familias que se resisten a abandonar el caserío. Dicen que no tienen a dónde irse. Entre abril y mayo más de 20 familias que habitaban el caserío se desplazaron.
A la disputa del control territorial, los cultivos ilícitos y las rutas de narcotráfico de las bandas criminales de "Los Paisas", "Los Rastrojos" y el grupo armado rival "Los Urabeños", atribuyen las autoridades y, en voz baja los habitantes, la ola de muertes, extorsiones, amenazas y desplazamientos en esta zona del Bajo Cauca antioqueño.
La desolación de Cuturú-La Apartada se repite con la misma historia de muertes selectivas y múltiples en el corregimiento Cacerí, sobre la misma carretera entre Caucasia y El Bagre.
Allí también la mayoría de las viviendas, tiendas y billares permanecen cerrados desde comienzos de este año, cuando se recrudeció el enfrentamiento entre las bandas criminales.
Los pocos habitantes, en voz baja y desconfiados, cuentan que la gente abandonó la zona por las constantes incursiones de hombres armados a las fincas, que varias veces terminaron en muertes y masacres.
En otros casos, relata un campesino, "llegaron amenazando y sacando a la gente para apoderarse de las fincas y robarse ganado".
Allí la deserción escolar también refleja el desplazamiento motivado por el temor y la violencia sobre sus habitantes. De 250 estudiantes que tenía la escuela el año pasado, hoy quedan menos de 150 escolares.
Disputa a sangre y fuego
A pesar de los esfuerzos de las autoridades para enfrentar a las bandas, el asesinato de seis personas en una finca de Caucasia, el pasado 27 de mayo, dejó en evidencia que la disputa a sangre y fuego entre bandas criminales en el Bajo Cauca está latente.
Unos 15 hombres armados con fusiles que se identificaron como integrantes "Los Paisas" irrumpieron en la finca Villa Eugenia (vereda Guatinajo) y dispararon contra las personas presentes.
Lugareños le dijeron a los investigadores judiciales que los victimarios dijeron que venían por la gente de "Los Urabeños" y luego los asesinaron. Las víctimas fueron un empleado de la finca y cinco hombres que habían llegado días atrás como supuestos trabajadores.
Según informó el mayor Julio Roberto Moreno, comandante del distrito de Policía del Bajo Cauca "los primeros indicios indican que cuatro de las personas asesinadas pertenecían a la banda 'Los Urabeños'".
Al enfrentamiento entre estos grupos ilegales atribuyen las autoridades el alto índice de homicidios en el Bajo Cauca, no obstante la reducción de los asesinatos en los últimos meses.
Entre el primero de enero y el 26 de mayo de este año ocurrieron 74 homicidios en esta subregión, mientras en el mismo periodo de 2009 fueron 129 las muertes, según cifras de la Policía.
Desplazados y extorsionados
La disputa entre bandas es la causante de un grave problema de desplazamiento en el Bajo Cauca. Así lo reconoce Ivonne Cristina Gómez, personera de Caucasia, uno de los municipios más afectados.
"La situación es grave, sobretodo en las zonas rurales, donde hay veredas muy despobladas. Cuando hay homicidios múltiples hay desplazamientos de varias familias, pero a diario recibimos una o dos familias en esta situación. A mayo hemos recibido 169 declaraciones individuales o familiares, pero hay gente que se va y no declara", señaló la funcionaria.
Otra prueba del miedo generado por los grupos ilegales enfrentados son las comunidades que amenazan desplazamiento. Este es el caso del corregimiento Palomar, donde el jueves de la semana pasada se realizó una jornada humanitaria organizada por la Alcaldía de Caucasia, la Personería y la Gobernación de Antioquia.
Tras el asesinato de cuatro personas de una misma familia el pasado 25 de abril por parte de un grupo armado, 10 familias se desplazaron. Pero los habitantes que se quedaron temen por sus vidas y manifiestan que si la tropa militar que llegó tras el hecho se retira, abandonan de inmediato el corregimiento.
Los campesinos relataron que el día de la masacre, los hombres armados se identificaron como "Los Sebastianes" (en referencia a alias "Sebastián, jefe de una de las bandas) y reunieron a la comunidad y amenazaron con decapitar a un joven que amarraron, si no les señalaban a los miembros de "Los Urabeños" que vivían allí.
Como si esto fuera poco, la extorsión, atribuida también a las bandas, la guerrilla y delincuencia común que aprovecha el miedo generado por los grupos ilegales, causó un éxodo de comerciantes y el cierre de centenares de negocios en Caucasia y otros municipios como Tarazá y Cáceres.
"Las vacunas nos tienen asfixiados. Empezaron con mercados y luego con sumas millonarias y para rematar amenazan que si se paga a un grupo también hay que pagarle al otro. Por eso se han tenido que ir más de 250 comerciantes de la región", reveló un representante del gremio.
El otro flagelo que atemoriza a la población civil en Caucasia y Tarazá. En estos municipios, en especial en Caucasia y Tarazá son los atentados con petardos y granadas lanzadas contra las casas donde, según las autoridades, se ocultan los miembros de las bandas.
Este año, solo en Caucasia, el municipio más afectado por esta modalidad delictiva, han explotado unos 50 artefactos. El resultado, varios muertos, entre ellos una niña de 13 años y múltiples heridos.
En medio de este compleja situación humanitaria y de orden público, la gente de esta golpeada región clama por empleo e inversión social, mientras las autoridades luchan contra el terror de los grupos ilegales que mantienen viva su guerra.