La revaluación no es un fenómeno solo colombiano. Se está presentando en todas las latitudes. Pero la apreciación del peso es la más fuerte de toda la región latinoamericana. Por lo tanto, algo de fondo hay que hacer si no queremos ver destrozadas muchas industrias y destruidos innumerables empleos en Colombia.
El Banco de la República, por supuesto, tiene un papel qué jugar en esta lucha. Por el momento su papel consiste en no seguir subiendo la tasa de interés. Elevarla más sería echarle gasolina a la llamarada revaluacionista, haciendo más rentable la llegada indiscriminada y masiva de dólares al país.
Pero quien tiene acaso la principal responsabilidad para apaciguar las fuerzas revaluacionistas en la coyuntura actual es el Gobierno. Su responsabilidad consiste en gastar menos en peso, ahorrar, y prepagar deuda externa en grande. Con ello la gran oferta de dólares se vería contrarrestada por una demanda igualmente significativa. Cosa que no ha hecho y que, desafortunadamente, parece no estar interesado en hacer.
Está diseñando -sí- algunos programas de subsidio selectivo hacia los sectores más golpeados con la revaluación. Bien intencionados, pero claramente insuficientes dada la magnitud de la tragedia cambiaria que vive el país.
El tema del gasto público revaluacionista se ilustra con todo patetismo cuando se revisan las cifras presupuestales que se han anunciado para el 2009. Y cuando se repara en algunas medidas claramente populistas que se vienen adoptado -en medio de atronantes aplausos- pero que le quitan toda seriedad a la lucha gubernamental contra la revaluación. Y al rigor que se predica pero que no se practica en el gasto público. Veamos.
En el proyecto de presupuesto para el 2009 el gasto público total crecerá 13,3 por ciento (es decir, crecerá a una velocidad de más del doble de la inflación), al paso que algunos rubros como el de "otras transferencias" (detrás del cual van escondidos infinidad de programas asistencialitas) se incrementará a la pasmosa tasa del 43,8 por ciento.
El Gobierno de palabra se muestra muy preocupado con la revaluación. Pero no de obra. Le pide insistentemente al Banco de la República que haga su tarea, pero no hace la propia.
Qué decir, por ejemplo, de las poco edificantes decisiones que todos los días se están adoptando como la del último Congreso de Diputados cuando, en medio de generosos aplausos se adoptó la no menos generosa determinación de subirles la remuneración por los siete meses que trabajan al año de 98 millones a 140 millones. Al solo departamento de Antioquia este aplauso le costará 2.000 millones de pesos al año.
Con esta ruinosa revaluación (que está destruyendo despiadadamente sectores económicos enteros) debería abrirse en el país un gran debate sobre la equidad y las proporciones como se están distribuyendo los subsidios y las ayudas fiscales.
En las cifras fiscales que aparecen en el Marco Fiscal de Mediano Plazo se da cuenta, por ejemplo, que la sola deducción de impuestos del 40 por ciento que se les viene otorgando a las empresas por la inversión en activos fijos está valiendo 3,1 billones de pesos por año. Gran parte de quienes se benefician de esta gabela son precisamente quienes están en capacidad de importar equipos al amparo del dólar barato.
Los subsidios que se vienen arbitrando (con más buena voluntad que recursos) para ayudar a los sectores agrícolas avasallados por la revaluación son -frente a las cifras que acaban de mencionarse- de muy pequeña magnitud.
Un gran debate nacional debería abrirse, por tanto, en torno a la justicia que entrañan estas políticas públicas de subsidios y de gabelas otorgadas con más ligereza que equidad. Y con más aplausos en la galería que proporcionalidad en las cifras.
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