El gobierno español dio este martes por válidas las explicaciones del presidente venezolano Hugo Chávez negando cualquier vínculo con el grupo separatista vasco Eta y dijo que espera cooperación plena por parte de Venezuela para aclarar los supuestos entrenamientos de etarras en el país sudamericano.
Chávez enmarcó el lunes las acusaciones en una recurrente campaña internacional para desprestigiar su gobierno y desmintió la confesión de dos miembros de Eta, que admitieron haber recibido un curso sobre manejo de armas en 2008 en Venezuela, según figura en un auto del juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional.
"No se puede dar credibilidad a las declaraciones rendidas ante un juez por dos criminales sanguinarios desprovistos de calidad humana y moral", dijo Chávez en una intervención telefónica en la televisión estatal venezolana.
Descartan presión diplomática
La vicepresidenta española María Teresa Fernández de la Vega descartó cualquier medida de presión diplomática, como citar al embajador venezolano en Madrid, y añadió que tras las revelaciones judiciales, se han puesto en marcha los mecanismos habituales de cooperación policial y judicial entre España y Venezuela.
"Vamos a cumplir cualquier petición de colaboración, cualquier actuación que nos pidan los jueces como siempre hemos hecho. No cabe actuación que esté al margen de la ley", señaló De la Vega en una entrevista en la emisora de radio Cope.
El magistrado Moreno señaló que Javier Atristain y Juan Carlos Besance, detenidos el pasado miércoles en el País Vasco, recibieron un curso en Venezuela entre julio y agosto de 2008. Los activistas admitieron en sus respectivas declaraciones ante la policía que aprendieron métodos de codificación de mensajes, desmontaje y limpieza de armas y posiciones de tiro.
El responsable del entrenamiento, según el juez, fue Arturo Cubillas, acusado en otro sumario de ser el intermediario en la supuesta alianza entre Eta y la guerrilla colombiana de las Farc, bajo el amparo del presidente Chávez.
Caracas siempre ha negado esta relación, que en marzo provocó un choque diplomático entre los dos países.
Acusado ocupo un cargo en el gobierno de Chávez
Cubillas, considerado el responsable del colectivo de Eta en Venezuela, ocupó en 2005 un cargo de nivel medio en el gobierno de Chávez.
De la Vega precisó que España no ha solicitado formalmente la extradición de Cubillas y aseguró que se actuará de acuerdo con "los términos de la resolución judicial".
"Será la justicia venezolana la que tenga que proceder en consecuencia y tenemos que confiar que será así. Yo tengo que creer firmemente en que esa colaboración (con Venezuela) se va a producir", insistió De la Vega.
Cubillas figura en un polémico escrito judicial del pasado 1 de marzo, en el cual el magistrado Eloy Velasco abrió una investigación sobre la posible colaboración del gobierno venezolano con Eta y las Farc.
Según el auto, miembros de Eta y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia conspiraron para cometer atentados en Madrid contra el ex presidente colombiano, Alvaro Uribe, y su antecesor en el cargo Andrés Pastrana y compartieron entrenamiento en la selva venezolana con la connivencia de Caracas.
Velasco imputó a 12 personas -seis activistas etarras y seis de las Farc- varios delitos de terrorismo y cursó una orden internacional para su detención, sin que de momento se tengan noticias sobre ningún arresto.
La mayoría de los sospechosos, entre ellos Cubillas, se encuentran en Cuba y Venezuela o en paradero desconocido. Si finalmente son localizados y detenidos, el juez debería solicitar al gobierno español que iniciara los trámites para su extradición.
Según las autoridades venezolanas, unos 30 vascos llegaron al país en calidad de refugiados políticos en varias etapas entre 1984 y 1993, durante los gobiernos de los presidentes socialdemócratas Jaime Lusinchi (1984-1989) y Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993).
Desde mediados de la década de 1990, y de manera recurrente, la justicia española ha imputado a algunos de ellos por delitos que van desde asesinatos hasta robo y tenencia de armas. No obstante, por falta de pruebas, Venezuela ha rechazado repetidamente las solicitudes españolas de extradición.
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