Mientras el primer debate de la reforma tributaria se extendía y desgastaba en la explicación del nuevo impuesto para la equidad, en un santiamén senadores y representantes le dijeron no a la posibilidad de que las pensiones altas paguen impuestos.
La propuesta del Gobierno, con la que se pretendía subsidiar más política social, había sido derrotada, con lo que 835 ex senadores, ex representantes y ex funcionarios del Congreso, el 84,4 por ciento del total de pensionados del Régimen de Prima Media (RPM), se salvaron de pagar impuestos.
El pasado jueves, el debate fue interrumpido por gritos y arengas de estudiantes, profesores y sindicalistas del Sena quienes, alentados por congresistas del Polo Democrático, protestaban contra los parlamentarios que habían decidido aprobar la Contribución Empresarial para la Equidad (Cree), el nuevo impuesto que financiará su entidad, el Icbf y los aportes a la salud.
Al respecto, el presidente Juan Manuel Santos señaló que con la reforma tributaria no debe haber ninguna preocupación por el futuro del Sena y el Icbf. “Los recursos para estas instituciones van a aumentar sustancialmente gracias a la reforma”, dijo el mandatario al intervenir en la Conferencia Nacional del Partido Verde.
Los gritos de los protestantes, “ladrones, corruptos” se oyeron por todo el Salón Boyacá en el Capitolio, pero su enardecida voz no se escuchó cuando senadores y representantes pedían eliminar el artículo 7 del proyecto de ley, que pretendía gravar las pensiones onerosas, aquellas que solo ganan unos pocos en este país, entre esos, los mismos congresistas que los incitaron a la protesta.
Actualmente, las pensiones altas sí pagan impuestos, pero a partir de los 50 salarios mínimos mensuales o hasta 1.000 UVT (26 millones de pesos de 2012) y solo la parte que exceda ese monto está gravado; es decir, los que reciben una pensión de 26 millones de pesos al mes o menos no pagan nada. La propuesta pretendía que se gravara solo en la parte del pago mensual que excediera las 380 UVT o 9,8 millones de pesos de 2012, a una tarifa del 5,0 por ciento.
Si una persona recibe una pensión de 13 millones de pesos mensuales, habría tenido que pagar 156.250 pesos al mes.
En Colombia, según cifras de la Superintendencia Financiera, a agosto de este año había un millón 33.034 pensionados en RPM y 57.067 pensionados del Fondo de Pensiones Obligatorias. Esto significa que tan solo un 9,0 por ciento de la población económicamente activa (21,5 millones) y un 4,3 por ciento de la población total colombiana (46 millones) reciben una pensión.
De acuerdo con datos del Ministerio del Trabajo, la mayoría de colombianos que recibe pensión son de rango salarial bajo: el 8,8 por ciento recibe un salario mínimo; el 59,7 por ciento más de un salario mínimo pero menos de dos, y el 20,9 por ciento entre dos y menos de cuatro salarios.
Casi el 90 por ciento de ese poco más de un millón de personas jubiladas recibe una pensión entre 566.700 pesos y 2 millones 266.800 pesos.
El sistema en sí es muy inequitativo. Mientras que el 20 por ciento de la población más pobre recibe solo el 0,1 por ciento de los subsidios, el 20 por ciento con más poder adquisitivo recibe el 86,3 por ciento, de acuerdo con Rafael Pardo, ministro del Trabajo.
Según el funcionario, esto se ha reducido parcialmente gracias a las sentencias de la Corte Constitucional que han establecido topes pensionales.
De acuerdo con la Superfinanciera, del total de pensionados del RPM, solo 989 personas están recibiendo más de 16 salarios mínimos, es decir, 9 millones de pesos. Ellos representan el 0,09 por ciento de esa población. De esos 989 colombianos, 835, el 84,4 por ciento, son ex congresistas, y ex empleados del Congreso, que adquieren su pensión de acuerdo con la Ley Cuarta de 1992, la cual tiene una demanda y está siendo estudiada por la Corte Constitucional.
El abogado especialista en finanzas, Antonio José Nuñez, señala que este tratamiento diferencial es uno de los principales temas de inequidad en Colombia. “Hay 4 millones de personas mayores de 60 años, de las cuales solo 1 millón reciben pensión. Las pensiones más altas reciben, en la realidad, más de lo que cotizaron durante su vida productiva, entonces esas pensiones son transferencias netas de los comparativamente más pobres a los comparativamente más ricos”.
El artículo 17 demandado dice que las pensiones de los representantes y senadores no podrán ser inferiores al 75 por ciento del ingreso mensual promedio que perciban durante el último año. Según el abogado demandante Germán Calderón, dicha norma viola el derecho a la igualdad y atenta contra la sostenibilidad fiscal.
Hay que recordar que el 24 por ciento del Presupuesto General de la Nación (PGN) se destina al pago pensional, lo que significa cerca de 40 billones de pesos de los 165,2 billones de pesos del PGN de 2012. Cualquier ciudadano que pertenezca al RPM puede recibir pensiones de hasta 25 salarios mínimos, tope que impuso el Acto Legislativo 01 de 2005; no obstante, en los últimos años se han vuelto a conceder pensiones a funcionarios del Estado de más de 20 millones de pesos, a través de acciones de tutelas.
Los congresistas afirmaron que el artículo de la reforma tributaria se eliminó porque están a la espera de la respuesta de la Corte. El representante a la Cámara Ángel Custodio Cabrera dijo que es partidario de que cobren a quienes se han ganado a través de los fallos judiciales pensiones “loterías”, y de que al que ha ahorrado no le cobren impuestos.
Este es el argumento histórico, como bien lo dijo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que han usado los congresistas para impedir que se graven las pensiones onerosas que reciben algunos funcionarios del Estado. El otro es el de la sentencia de la Corte, que para Cárdenas sería la solución de fondo.
