Las posibilidades reales de Colombia de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya modifique la sentencia en la que le otorgó 75.000 kilómetros de mar del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que le fueron entregados a Nicaragua, son nulas.
Así lo consideran expertos en derecho internacional, quienes coincidieron en que el fallo de la Corte es inapelable y que no se deben tener muchas esperanzas en las actuaciones del bufete de abogados británico Volterra Fietta, cuya contratación fue anunciada por la canciller María Ángela Holguín.
"Tengo una reunión con ellos el 7 de enero donde tendremos la primera impresión sobre el fallo y las posibilidades que le den a los distintos recursos", afirmó la Canciller.
Según Ricardo Abello Galvis, profesor de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y magister en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, es posible que los abogados interpongan un recurso de interpretación que no tiene mucho futuro. De ahí que los esfuerzos de Colombia se deben concentrar en buscar alternativas con Nicaragua para explotar la zona de mar que se perdió en el litigio.
Arlington Howard, presidente de la Asamblea de San Andrés, insistió en que en la isla persiste el malestar por las actuaciones del Gobierno. La decisión de contratar los abogados, indicó, no cambia las cosas aunque considera que es conveniente explorar todas las alternativas posibles. "Vamos a ver qué pasa. En 11 años de litigio se botaron 5 millones de dólares".
Antonio Remiro Brotóns, abogado de Nicaragua ante la CIJ, señaló que desconoce la firma contratada por Colombia y añadió que "cada Estado elige a quien considere el mejor para defender sus intereses".
Recordó que la sentencia es definitiva e inapelable. "Hay otras cosas que requieren un desarrollo entre las partes, mediante acuerdos, que negocien con espíritu de cooperación para solventar las diferencias".
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