Que las Farc ofrecieran ayer sus hombres y sus armas a los manifestantes del Catatumbo acaba por enrarecer más el ambiente y nos pone frente a un caudal que puede revolver, peligrosamente, pobreza, insatisfacción social y extremismos políticos en contra de la Fuerza Pública y las instituciones.
Pero sobre todo viola los derechos de los ciudadanos que se ven acorralados, al sufrir bloqueos de víveres, combustibles e insumos e impedirles su libre movilización.
Hace mucho rato, el Gobierno debió haber asumido mayor firmeza frente a estas revueltas que dejan decenas de heridos, pérdidas millonarias y la sensación de impotencia por parte del Ejecutivo, que no encuentra salidas dialogadas y efectivas.
Corresponde al presidente Juan Manuel Santos ordenar estrategias y medidas más enérgicas para conjurar el descontento popular agitado por actores ilegales que sacan provecho de la inestabilidad y la violencia.
Las actuales movilizaciones dejaron de constituir una reivindicación ciudadana y se convirtieron en un cúmulo de afrentas a la fuerza pública y a los ciudadanos atrapados por los bloqueos.
Saquear supermercados, quemar tractocamiones, lanzar artefactos explosivos y emplear objetos contundentes para atacar a los agentes antidisturbios no son acciones propias de manifestaciones legítimas sino la mecha que puede encender reacciones radicales, más violentas e inflamables.
Hay paralelismos malsanos e inquietantes entre algunos de los pedidos de los manifestantes y las solicitudes de las Farc en la mesa de conversaciones, en Cuba. Solo basta mirar lo referido a las exigencias frente a la creación de nuevas zonas de reserva campesina y ya es posible advertir un cuadro muy calcado entre el discurso de los activistas del Catatumbo y el que usan los jefes negociadores de la guerrilla en La Habana.
Llama la atención también que sean zonas fronterizas con Venezuela las que se convierten en escenarios de tales asonadas, y que los integrantes de la Asociación Campesina del Catatumbo hayan pedido al presidente Nicolás Maduro disponer áreas que en el futuro puedan servir de "refugios humanitarios".
Estas dinámicas (las del paro del Catatumbo, la de los mineros ilegales y las que se presagian en el inmediato futuro), pueden mezclarse y volverse de efectos impredecibles para la seguridad y la estabilidad nacional. Esos escalamientos de las protestas, con el innegable patrocinio de actores armados ilegales, no presagian nada bueno.
Entre tanto, los ataques recientes de las Farc a la Fuerza Pública, con un saldo lamentable de 19 uniformados muertos, generan aún más dudas de la ciudadanía sobre el control que tiene el Gobierno de la seguridad y del orden público en el territorio nacional.
El Ejecutivo no ha aceptado tregua para dialogar en La Habana y menos podría ahora, pese a tan doloroso revés militar, ceder a la pretensión guerrillera de un cese bilateral del fuego.
Hay columnas de humo levantándose por los cuatro puntos cardinales y así mismo se elevan preguntas y cuestionamientos a la autoridad y la firmeza del presidente Santos y de su equipo.
Creemos que esta semana no puede terminar sin que las cosas vuelvan a la normalidad. Deben acordarse soluciones que combinen la atención real a las demandas que sean legítimas, con acciones eficaces que disuadan a quienes buscan sembrar el caos y menguar la gobernabilidad del país.
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