El fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, calificó como "imprudente" la posición del Procurador General, Alejandro Ordoñez Maldonado, quien solicitó a la Corte Penal Internacional intervenir ante un eventual proceso de paz "con impunidad".
“Es una posición supremamente imprudente sin que exista la ley estatutaria de desarrollo del marco constitucional para la paz anunciar posibles procesos de impunidad”, expresó Montealegre.
Además, estuvo de acuerdo con las frases del presidente del Congreso de la República, Juan Fernando Cristo, quien en su oportunidad también se expresó con la frase “uno no puede ensillar antes de traer las bestias”.
Montealegre afirmó que las decisiones que ha tomado el Procurador en los últimos días son inoportunas, argumentando que aún no se puede descalificar la labor del Estado y la justicia colombiana frente a un posible acuerdo de paz con la guerrilla.
“Todavía no podemos decir si nuestro estatuto de justicia transicional viola o no porque aún no se ha elaborado la ley que le dé el desarrollo a la justicia transicional, entonces me parece que no es prudente la petición del Procurador”, explicó el Fiscal General quien además aseguró que posiblemente el actuar del jefe del Ministerio Públicoes descalifica la justicia colombiana.
Finalmente, explicó que la actuación de los Tribunales Internacionales solo opera cuando existen fallas estructurales en la justicia y – según Montealegre- éste no es el caso: “Aquí lo que estamos haciendo es fortalecer la justicia colombiana luchando contra la impunidad”.
El pasado tres de diciembre el Procurador General, Alejandro Ordóñez, se reunió con la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, y a la Vicepresidenta de ese tribunal, la juez Sanji Monageng, para solicitar intervención en caso de que haya impunidad en el proceso de paz que se lleva a cabo con las Farc en La Habana (Cuba).
Fuentes de la Procuraduría General aseguraron que Ordóñez manifestó "sus preocupaciones frente a la posibilidad de que un eventual acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc se base exclusivamente en la justicia restaurativa (verdad y reparación), dejando por fuera el castigo penal exigido por el Estatuto de Roma de la Corte, lo que significaría impunidad, una paz no sostenible y podría impulsar posteriores actos de violencia en el país".
Según Ordoñez, lo que se busca es “que en este proceso de negociación la justicia colombiana se adapte a los estándares internacionales, pero de no hacerlo, estaría dispuesta a solicitarle a la Fiscalía de la CPI, en calidad de representante de las víctimas, que active la jurisdicción subsidiaria”.
