La semana entrante los colombianos elegiremos un nuevo presidente de la República. Se agitan las campañas, se realizan debates de ideas y de propuestas en un ritual democrático que enorgullece. Como de costumbre, se enrarece
el ambiente con denuncias cruzadas sobre compra de votos, ofertas económicas y presiones de todo tipo, las cuales no siempre corresponden a la realidad de los hechos y hacen parte de la denominada estrategia electoral.
Con independencia de los hechos denunciados o insinuados por los diferentes candidatos y sus asesores, conviene recalcar que la independencia del voto constituye la mejor herramienta para combatir el fraude y la corrupción. La persona que se deja sobornar o comprar, ya sea en un contrato, en una transacción comercial o la que vende su voto, debe saber que este acto corrupto tiene consecuencias nefastas para el colectivo de la sociedad y deja al sobornado a merced y disposición del sobornador. Nada puede pedirle o exigirle el sobornado al candidato que compró
su voto y su conciencia, ya que éste considera que el dinero, el
mercado, la teja de zinc o lo que haya sido entregado a cambio, es suficiente compensación; y en consecuencia no cree tener ninguna obligación posterior para con quien le vendió su voto.
Lo mismo ocurre con el empleado público o privado que acepta dineros o prebendas a cambio de favorecer a un contratista o a un proveedor: el acto de recibir lo inhibe para protestar o para
exigir. Como lo manifestaba cínicamente una persona acusada
de haber recibido dineros de un contratista para la compra de
insumos de mala calidad, que terminaron siendo la causa de una intoxicación masiva de personas: "es de mala educación hablar con la boca llena". Ello quiere decir que mientras usted haya recibido beneficios ilegales no tiene derecho a cuestionar nada de lo que haga su sobornador.
Queremos llamar la atención de nuestros lectores, para que consideren si lo que reciben a cambio de su voto justifica la entrega de su destino y el de sus hijos en manos de personas que carecen de la suficiente capacidad y trayectoria para convencer por medios honestos a la mayoría de los votantes. Los ciudadanos habilitados que no votan y aquellos que venden su voluntad soberana, son en última instancia quienes condenan a nuestro país a seguir por la senda del subdesarrollo y la corrupción endémica.
Si las cifras sobre el costo de la corrupción, publicadas recientemente por la Auditoría General de la República son ciertas, los colombianos estaríamos perdiendo casi 5 billones de pesos de nuestro presupuesto, dinero que tanta falta nos hace.
Paradójicamente, casi siempre las cifras y cálculos sobre el costo del fraude resultan ser falsas o subestimadas, como nos tememos que ocurra en este caso. Por ello, invitamos a todos los ciudadanos en capacidad de votar para que lo hagan a conciencia y con total libertad.
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