La Alta Consejería para la Reintegración, por orden del presidente, Juan Manuel Santos, cerró en cuestión de horas la discusión pública entre el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, y el vicepresidente, Angelino Garzón, por el tema del indulto.
El contrapunteo entre los dos “pesos pesados” del Gobierno fue necesaria a raíz de las declaraciones que ambos dieron sobre el tema, Vargas Lleras negando la preparación de un decreto para indultar algunos miembros de grupos armados ilegales, y Garzón entregando “píldoras” informativas sobre cómo será el decreto y asegurando que el propio Presidente Santos lo alistaba.
Por eso, horas después de conocidas las declaraciones de una y otra parte, fue necesaria una reunión para dejar en claro el tema, principalmente que el asunto es de competencia única de la Alta Consejería para la Reintegración. Y fue ésta la encargada de ponerle punto final a la discusión al aclarar que, en los próximos días, se reglamentará la Ley 1424 de 2010, que otorga beneficios jurídicos a las personas que se desmovilizaron de los grupos armados ilegales.
La Alta Consejería fue clara en informar, mediante un comunicado de prensa, que se respetarán "los principios del Derecho Internacional Humanitario y sin permitir la posibilidad de indulto o amnistía para quienes cometieron delitos de lesa humanidad".
La Ley 1424 "busca que se cumplan los compromisos de paz adquiridos por el Gobierno Nacional con los desmovilizados de los grupos armados ilegales y garantiza a las víctimas la reconstrucción de la memoria histórica, la verdad frente a los hechos violentos y el derecho a la no repetición".
Una vez se reglamente la Ley, “las personas desmovilizadas que cumplan con las condiciones para ser beneficiados, se les suspenderá la ejecución de la pena por el delito de concierto para delinquir agravado, siempre y cuando, no hayan incurrido en los delitos que cobija la Ley 975 de 2005".
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