El embudo en el que se encuentra Justicia y Paz, en la que en seis años solo se han dictado tres condenas a paramilitares por hechos atroces y ninguna a guerrilleros, sumado a la espera de más de 20.000 desmovilizados para que se defina su situación jurídica y la verdad que reclaman las víctimas, ha llevado a que se replanteen los objetivos de esta ley.
Algunas de las salidas propuestas por expertos en Justicia Transicional plantean priorizar delitos y perpetradores para agilizar procesos estancados hace seis años y pensar en opciones más allá de lo penal. EL COLOMBIANO dialogó con María Camila Moreno, nueva directora del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés) en Colombia sobre los problemas de Justicia y Paz y sus posibles soluciones.
En seis años de la Ley de Justicia y Paz se han presentado solo tres condenas y falta por resolverse la situación jurídica de casi 24.000 desmovilizados de las autodefensas. ¿Qué debe hacerse para destrabar estos procesos?
"Hay que buscar salidas para enfrentar una crisis a las expectativas que se crearon con Justicia y Paz. Hemos llegado a un punto en que, si bien se reconocen avances y logros, estamos lejos de los resultados que en un momento fueron considerados y previstos. Hay grandes dificultades para abordar en un tiempo razonable, conforme a las expectativas de las víctimas, la tarea de judicializar todos los crímenes cometidos por paramilitares".
¿Cuál sería entonces la salida a este cuello de botella en Justicia y Paz?
"Hay que priorizar, es decir, establecer un orden en la judicialización de las atrocidades cometidas. Concentrarse inicialmente en los máximos responsables entendidos no solo como los jefes de las estructuras militares. Hay que poner en el centro de la discusión la complejidad del conflicto armado, del fenómeno paramilitar. No es solo un tema de ejércitos que se desmovilizan y una responsabilidad en unos comandantes militares".
En esa medida ¿debería tenerse en cuenta a todos los que hicieron posible la existencia paramilitar?
"Hay que identificar a los determinadores, a los financiadores, a los que hicieron posible que esos aparatos organizados de poder funcionaran y sigan funcionando en esas regiones donde se produjeron los gravísimos efectos que hoy conocemos".
Si solo se priorizan algunos delitos, ¿podrían quedarse actos cometidos por los combatientes rasos en la impunidad?
"No significa que el resto va a quedar en la impunidad. Después de seis años el Gobierno colombiano no puede decirle a las víctimas que su caso no puede ser resuelto por ninguna vía. Las víctimas están esperando y hay un principio de legalidad para los desmovilizados que están en el proceso de Justicia y Paz o esperan que se resuelva su situación jurídica.
Hay mecanismos que tienen en Colombia que ponerse a funcionar para resolver esa brecha que hay entre Gobierno y sociedad y que debe ser resuelta con mecanismos como el principio de oportunidad, como las comisiones de la verdad".
Y los delitos de los combatientes rasos. ¿Las víctimas quieren saber quién y por qué las afectaron?
"Si la expectativa sigue siendo que hay que buscar e investigar todos y cada uno de los hechos confesados, de los perpetradores, volvemos al dilema y entonces cuándo vamos a avanzar. El tema no es de cantidad sino de calidad, que la información que ahí salga lleve a desmantelar estos grupos armados ilegales, a develar esa complejidad del aparato paramilitar y sus alianzas para que por esa vía logremos que no vuelva a pasar. Pero una verdad fragmentada, con miles de fragmentos que no se conectan, tampoco está alcanzando su cometido".
Con las versiones libres se ha conocido parte de esta verdad. ¿Por qué no se ha avanzado?
"El postulado voluntariamente se acoge a la Ley de Justicia y Paz porque está dispuesto a hablar. A la justicia le corresponde verificar que eso que esta contando el perpetrador es cierto y está completo. No hemos empezado de cero, hay un recorrido con información, con procesos avanzados. Con esa información debemos establecer estrategias que permitan concentrar los esfuerzos del aparato judicial en la Ley de Justicia y Paz a la investigación de los máximos responsables y de los crímenes más graves".
¿Y las garantías de no repetición?
"Hay que avanzar hacia la creación de condiciones para la no repetición y eso no se resuelve solo con la persecución penal, se resuelve con reformas institucionales, con dignificar a las víctimas, con conocer la verdad".
Pero en el país, con un conflicto armado vigente y que incluso mutó, ¿sí hay confianza para contar la verdad conociendo que se pueden correr riesgos?
"Difícilmente tenemos las condiciones que permitan que un proceso de esa naturaleza avance porque el conflicto sigue activo. Sin embargo, hay iniciativas no oficiales como comisiones de la verdad regionales, de esclarecimiento histórico sobre poblaciones específicas, delitos específicos que servirían. Estamos atrapados en la discusión penal y hemos perdido de vista que hay otros mecanismos que pueden utilizarse".
¿Qué papel jugarían las víctimas en la búsqueda de destrabar el estancamiento de la Ley de Justicia y Paz?
"La idea es que haya un consenso lo más amplio posible. Si se tiene que pensar en un mecanismo que confluya los intereses de las víctimas, de los perpetradores que esperan que su situación jurídica se resuelva, de la sociedad civil, del Estado; que confluyan en un debate amplio para buscar ese consenso e identificar qué es lo que vamos a priorizar, qué casos y a quiénes. Este ejercicio tiene que ser transparente, legítimo, porque ahí nos estamos jugando la legitimidad y la posibilidad de reconstruir la confianza entre ciudadanos y el Estado".
¿Qué falta entonces para llegar a ese estado ideal planteado inicialmente con la Ley de Justicia y Paz?
"Es importante volver sobre la reflexión de para qué estamos haciendo este esfuerzo, no solo para tener gente en la cárcel. Eso nos lleva a restablecer unos nuevos objetivos en Justicia y Paz".
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