Gobernar no es tarea fácil. Si el común de los mortales huye como de la peste de la presidencia de su comunidad de vecinos, imagínense la losa que supone dirigir los designios de toda una nación.
El "príncipe", como escribía Maquiavelo en pleno Renacimiento, "debe conservar al pueblo como amigo cuando es elegido con el favor popular", lo cual resulta casi una quimera ya que "no hay nada más difícil de emprender, ni más dudoso de hacer triunfar, ni más peligroso de administrar que la elaboración de nuevas leyes".
Por eso, muchos de nuestros mandatarios consideran que engañar al personal "en aras del bien común", nebuloso concepto por el que se cometen toda clase de tropelías, está justificado. Puede que la mentira y la política fueran de la mano hasta el pasado siglo, pero en plena era de Internet, con las redes sociales echando humo, resulta imposible hacernos tragar según qué farsas.
Ahora que entramos en periodo electoral -tanto en Colombia, con las inminentes locales del 30 de octubre, como en España, con las legislativas del 20 de noviembre- conviene que quienes concurren a las urnas tengan muy en cuenta lo ocurrido en Islandia. Allí, en la gélida isla polar, paradigma hasta hace bien poco del superdesarrollo "social", su exprimer ministro, el conservador Geir H. Haarde, podría enfrentarse a una pena de dos años de cárcel por haber falseado la gravedad de la crisis que derivó en el colapso bancario del país en octubre de 2008, en la nacionalización de los principales bancos y en el humillante rescate del FMI.
Su negligente actuación frente a las advertencias extremas de todas las instancias económicas multilaterales ha forzado al Parlamento islandés a ordenar el histórico proceso en su contra. Por su culpa, y la de algunos banqueros sin escrúpulos ahora enjaulados, los islandeses padecen un severo "corralito" a la argentina que les impide disfrutar con libertad de sus ahorros, una subida de impuestos extra y una deuda de 4.000 millones de euros con entidades bancarias del Reino Unido y Holanda que los islandeses se niegan a devolver -lo aprobaron en un referéndum el pasado mes de abril- a la espera de que alguien se haga responsable del desaguisado.
El asunto me recuerda que mi "querido" presidente Zapatero logró una raspada reelección asegurando -en los albores de la crisis- que España no iba a verse afectada por la tormenta financiera global.
Hubo quien quiso creerle, pese a que la mayoría estaba convencida de que era imposible que fuéramos inmunes.
Por mentiroso o inútil, teniendo en cuenta que fue incapaz de calibrar la magnitud del seísmo económico que padecemos a este lado del charco a pesar a disponer de toda la información, debería correr la misma suerte que su colega Haarde. Y con ellos, todos aquellos políticos que nos prometen el oro y el moro en campaña a sabiendas de que nunca podrán cumplirlo. Si la publicidad engañosa está penada por ley, la propaganda electoral falaz no debería quedar impune.
Así, nadie se atrevería a prometernos alegremente 3,5 millones de nuevos empleos, como ha hecho días atrás un líder del conservador PP. Eso o que al menos incorporen en los prospectos electorales unas leyendas de advertencia. Quizá una taurina "si el tiempo no lo impide", cuando se nos ofrezcan rebajas de impuestos, o una farmacológica "el abuso continuado de propaganda puede provocar malentendidos", cuando se auguren obras faraónicas que se quedan en humo. De lo contrario, nos veremos obligados a construir celdas para los mentirosos. Por muy políticos que sean.
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