Ya no cabe duda de que la declaratoria de guerra que los narcotraficantes le hicieron al Estado mexicano desde el mismo momento en que el Presidente Felipe Calderón decidió enfrentarlos era también una amenaza de muerte contra la población civil. Las 52 personas muertas este jueves dentro del Casino Royale, en Monterrey, producto de un incendio provocado por hombres armados, es el más macabro y reciente episodio de la demencia narco.
Las víctimas, en su mayoría mujeres empleadas del establecimiento comercial, murieron por asfixia, atrapadas en los baños del casino, y en los corredores que conducían a las estrechas puertas de salida. Esta vez los delincuentes no usaron armas de largo alcance, sino gasolina para rociar todo el local y después prenderle fuego. Y de aquí surge la primera hipótesis del múltiple crimen: la extorsión.
Es decir, una salida desesperada, pero no menos peligrosa, a la lucha frontal que viene desarrollando el Gobierno mexicano para cortar los instrumentos de financiación de los narcos. La captura de varios de los más importantes jefes de los carteles, el decomiso de importantes cantidades de droga y la judicialización de peligrosas estructuras delincuenciales vinculadas con los carteles estaría afectando con severidad las finanzas de los narcos y de ahí que estén recurriendo a la extorsión como mecanismo de financiación de su actividad delictiva.
El Presidente Calderón no ha ahorrado adjetivos para calificar esta terrible masacre en Monterrey. También para hacer una dura crítica a Estados Unidos por la forma en que se está enfrentando al otro lado de la frontera la guerra contra las drogas y el tráfico de armas. Si los estadounidenses "están resignados a consumir drogas, deben establecer otros puntos para que lleguen a su territorio distintos a la frontera con México. Esta situación ya no puede seguir igual".
Creemos que la corresponsabilidad en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo debe convocar no sólo a ambos países, sino a toda la comunidad internacional. El drama que está viviendo México no es distinto al que padeció Colombia y están padeciendo otros países de la región, en especial Centroamérica.
Los hechos en el Casino Royale, los más graves contra la población civil en México, se suman a otros como el ocurrido hace casi un año en Tamaulipas, donde fueron asesinados 72 indocumentados centroamericanos, y obligan a que de la mano de la respuesta militar y judicial contra los responsables, vaya una reacción política y ciudadana firme de condena y rechazo general.
Dentro de la encrucijada en que está México, no sirve mucho que ahora, con fines electorales, algunos partidos de oposición salgan a atribuirle responsabilidades y fallas al Gobierno por la ola de violencia que padece el país. Los únicos culpables de las pavorosas cifras de muertos en el último lustro, que suman más de 42 mil, son los narcos y sus ejércitos de sicarios.
El poder de las mafias, más allá del dinero y las armas, se consolida cuando hay debilidad institucional y una aceptación social de la cultura narco. Lo que acaba de pasar en Monterrey, y viene sucediendo en otros estados mexicanos, es la demostración de que la declaratoria de guerra de los carteles es contra la gente inocente. Como la que estaba dentro del Casino Royale.
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